EscucharDesde la perspectiva de la gestión del riesgo, la planificación de uso del territorio cumple una función esencial en reducir la vulnerabilidad de la población y prevenir los desastres. Es por eso que la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo N.° 8488, señala que “al formular y elaborar planes, programas y proyectos de desarrollo urbano” se debe considerar el componente de prevención y mitigación del riesgo.
La Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE) entiende la complejidad de una planificación urbana en el Valle Central porque, entre otros muchos aspectos, es el territorio más poblado e intervenido ambientalmente, con múltiples factores de riesgo, físicos y sociales, de amenaza y de vulnerabilidad, que deben ser considerados como determinantes para decidir sobre la orientación de uso de la tierra.
En tal sentido, lo que se ha presentado como Plan de Ordenamiento Territorial para la Gran Área Metropolitana (Potgam) incorpora algunos contenidos que aluden al control de esos factores, pero el documento evidencia omisiones y deficiencias, tanto de disposiciones jurídicas como de criterio técnico-científico en la interpretación del problema, así como de las orientaciones de política pública en gestión del riesgo con que cuenta el país.
¿Un plan o un reglamento? La propuesta analizada es deficiente en varios aspectos, pero quizá el más relevante es que carece de los elementos formales que la normativa vigente sobre planificación urbana dicta. Se presenta como un plan, pero sin serlo, pues se trata de un reglamento, impreciso en definiciones políticas y normativas, sin base documental; este formato además contraviene lo instruido por la Ley de Planificación Urbana y los pronunciamientos de la Sala Constitucional y de la Procuraduría General de la República, que llaman la atención sobre la necesidad y pertinencia del Plan.
Al no ser un plan, se dificulta jerarquizar los instrumentos de planificación que por ley y por razón técnica son necesarios, para ubicar el presente reglamento y las competencias institucionales en su real contexto normativo. Debió haberse hecho el Plan, y abordar los restantes contenidos del Potgam en otra naturaleza de herramientas.
La gestión del riesgo. El documento si bien muestra la intención de incorporar el riesgo como una variable relevante en la determinación del uso de la tierra, evidencia un absoluto desconocimiento del enfoque de política, de las competencias dictadas por la Ley N.° 8488, de los contenidos del Plan Nacional de Gestión del Riesgo, y de la forma como se visualiza su transversalidad y su aplicación.
La propuesta pretende responsabilizar a la CNE de definir la condición de riesgo en todo sitio puntual, invadiendo competencias propias de las municipalidades otorgadas por la Ley de Planificación Urbana.
La valoración de riesgo contribuye a la decisión sobre el uso posible de la tierra, pero no condiciona a una única alternativa, como lo presumen los redactores de la propuesta.
La vigilancia y valoración del riesgo es pertinente tanto para las zonas ocupadas como para las no ocupadas, y obliga a razonar y priorizar sobre temas de prevención, mitigación, transferencia y adaptación, todo lo cual es la correcta orientación del asesoramiento que la CNE debe brindar a las municipalidades, conforme al dictado de su Ley.
Ampliar el anillo de contención. Aunque la propuesta expresa que el anillo vigente se mantiene, lo real es que con la disposición del “anillo posible” se podría abrir, dando a las municipalidades la potestad de hacerlo mediante la actualización de los planes reguladores.
Sobre estas instancias se hace recaer además la obligación de sustentar, técnica y científicamente, esas decisiones, pero por la omisión en el reglamento Potgam se responsabiliza de esto a las instituciones especializadas, que se convierten entonces en jueces y parte de las disposiciones que se incluyen en los planes reguladores, imponiendo criterio en un ámbito de planificación que es estrictamente municipal.
Para la CNE, la zona ubicada entre el anillo vigente y el posible presenta factores de amenaza de suma peligrosidad que no hacen recomendable, para la mayor parte de ese territorio, un cambio de la orientación de uso presente; un desarrollo urbano mal controlado hacia esos sitios exacerbaría las condiciones de riesgo, no solo en esos lugares, sino también en las zonas al interior del anillo vigente, por el efecto directo sobre las cuencas, la impermeabilización de los suelos, y el incremento de escorrentía, entre otros. La ausencia de base científica y sustentación técnica que impera en la definición del límite del anillo, además de la débil aplicación de recursos tecnológicos, obliga a la CNE a rechazar la propuesta. Sin embargo, consideramos que el anillo podría actualizarse en el futuro, en los términos en que la ciencia lo justifique, a partir del uso de los instrumentos de planificación, y bajo las competencias que el ordenamiento exige.
La propuesta debe revisarse. En razón de los criterios anteriores, la CNE ha emitido su posición: el Potgam tiene que revisarse y responder a lo que jurídica y técnicamente debe ser. La problemática del riesgo a los desastres demanda un abordaje integral en su estudio, en la delimitación de competencias y en la planificación.
Un plan de ordenamiento territorial debería iniciarse con los lineamientos generales dictados por las instituciones del nivel central, responsables de la política urbana, con la jerarquía y los instrumentos de planificación que la legislación prevé. Estos deben servir de guía a las otras instituciones para asesorar y apoyar a las municipalidades, que son las responsables de planificar y ordenar su territorio.
Como este es el camino y el enfoque que consideramos correcto, abogamos por la existencia de una política de ordenamiento territorial para el país, a efectos de que la gestión del riesgo pueda influir en una planificación que garantice seguridad y sostenibilidad en el territorio.
