EscucharColorado (Abangares). Después de la tempestad, ayer Colorado despertó en calma, ambiente que aprovecharon diferentes organismos policiales para iniciar una investigación sobre los hechos ocurridos durante nueve días de bloqueo.
La quema de dos autobuses, las amenazas recibidas por gran cantidad de personas, daños a la propiedad, privación de libertad y la supuesta tenencia de armas y explosivos son algunos de los delitos en que pudieron haber incurrido habitantes de esta zona, y que ayer motivaron la presencia de agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Cañas y de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS).
El conflicto en esta localidad se inició el 23 de abril, cuando los coloradeños bloqueron las vías de acceso a su comunidad y en consecuencia al ferry del río Tempisque. Además, detuvieron la salida de productos de la empresa Cementos del Pacífico S.A. (Cempasa) y de la Cooperativa Nacional de Productores de Sal (Coonaprosal).
La medida de presión pretendía obligar a los legisladores a retomar el proyecto de transformación de este distrito de Abangares en el doceavo cantón de Guanacaste. Aunque el propósito no se logró, consiguieron el compromiso de diputados y munícipes de las Juntas de Abangares para convertirse en Consejo Municipal de Distrito.
Rumores peligrosos
Pero el cierre de vías no fue la única ni mayor preocupación para empresarios y autoridades nacionales, ya que desde un inicio circularon rumores de que los manifestantes poseían dinamita y otros artefactos explosivos.
Aunque la versión no fue del todo confirmada, uno de los líderes explicó ayer que se contaba con algunos cartuchos de dinamita porque en la zona se trabaja con piedra caliza, pero aseguró que la mantuvieron escondida para evitar problemas cuando aumentaba la tensión.
Ejemplo de esos momentos fueron la madrugada y tarde del lunes 29 cuando incendiaron dos autobuses -de ¢6 y ¢7 millones- propiedad de Luis Angel Vargas, quien ayer confirmó la demanda interpuesta ante la Alcaldía de Abangares.
"No sabemos quiénes son exactamente los responsables, pero pueden verse en un vídeo de televisión. Nosotros pusimos la demanda un día después de los hechos", explicó Ricardo Vargas.
Por su parte, también Max Polini, jefe de Personal de Cempasa, comentó anteayer que en la empresa se recibieron amenazas al igual que muchos de sus trabajadores, a quienes obligaron a unirse al movimiento y no laborar.
Según Georgina Ortiz y Margarita Gutiérrez, dos de las líderes comunales, hubo muchas versiones o habladurías para impresionar al Gobierno y la policía sobre su capacidad, pero aseguraron que nunca se llegaron a tales extremos y su causa era pacífica.
