EscucharBuenos Aires, 9 ago (EFE).- Si el Parlamento argentino anula los indultos otorgados por los gobiernos anteriores a represores de la última dictadura y a guerrilleros, todos estos podrían volver a prisión, afirmó hoy el ministro del Interior, Aníbal Fernández.
Para el funcionario, si se reconsideran los indultos a los militares acusados de violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura (1976-1983), también deben revisarse los casos de los guerrilleros que fueron perdonados durante los gobiernos de Carlos Menem (1989-1999) y Eduardo Duhalde (2002-2003).
"Esto pareciera que es así. Si no, sería una actitud sesgada que no es el objetivo del presidente" Néstor Kirchner, dijo Fernández al ser consultado por la emisora local Radio 10.
El ministro indicó que, en ese caso, "todos" los que se beneficiaron con los indultos deberían volver a prisión para cumplir con las penas que les había impuesto la justicia.
"El propósito del presidente es dar por terminado con un tema que hace muchos años subyace en el análisis de la sociedad, pero que se barrió bajo la alfombra. El quiere aplicar la justicia para cualquiera de los participantes en este caso", enfatizó Fernández.
El funcionario defendió, además, la facultad del Parlamento para reconsiderar los indultos y las leyes de Obediencia Debida y Punto Final que detuvieron los procesos judiciales contra un millar de represores a los que se libró de responsabilidad penal sobre crímenes de lesa humanidad.
El próximo 19 de agosto, la Cámara de Diputados debe considerar un proyecto para poner fin a las llamadas leyes del perdón.
Por otra parte, el funcionario recordó que la Corte Suprema de Justicia "es el tribunal de última instancia en la revisión de las leyes", con capacidad de determinar la inconstitucionalidad de estas normas.
En las últimas semanas, estas leyes y los indultos volvieron a tomar protagonismo a partir de la derogación de un decreto que rechazaba automáticamente cualquier pedido de extradición sobre los ex represores argentinos.
Esta decisión del presidente Kirchner se aceleró a raíz de un pedido de detención con fines de extradición que solicitó el juez español Baltazar Garzón sobre 45 militares y un civil acusados en Madrid de genocidio y terrorismo de Estado. EFE
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