EscucharLima. El exasesor presidencial peruano Vladimiro Montesinos fue condenado hoy a nueve años y cuatro meses de prisión por el delito de usurpación de funciones, lo que le obligará a permanecer en la cárcel hasta el año 2010.
La sentencia fue dictada por el juez anticorrupción Saúl Peña Farfán en la prisión de la Base Naval del Callao, donde Montesinos, asesor del presidente Alberto Fujimori durante gran parte de su mandato (1990-2000), permanece detenido desde junio del año pasado, mientras se le procesa por más de 65 delitos.
Montesinos, de 57 años, fue hallado responsable de haber usurpado las funciones del jefe real del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) entre 1991 y el 2000, por lo que también se le inhabilitó para ejercer su profesión de abogado durante dos años y a pagar al Estado diez millones de soles (2,8 millones de dólares).
El fiscal especial Oscar Zevallos había solicitado para Montesinos la pena de siete años de prisión, el pago de 650.000 dólares de reparación civil y su inhabilitación permanente para ejercer la profesión de abogado.
El exasesor, que permaneció en silencio durante la lectura de la sentencia, manifestó que se reserva el derecho de interponer un recurso de apelación, que si se presenta deberá ser resuelto por la Sala Penal Anticorrupción.
El acta de la sentencia dictada hoy señaló que durante el período 1991-2000 Montesinos figuró como asesor del SIN, dirigido en varios períodos por militares, pero en la práctica ejerció el control de ese sistema.
Precisó, también, que ejerció las funciones "con autoridad total", lo que le permitió manejar las partidas de dinero destinadas a los mecanismos del sistema de defensa nacional.
Indicó, asimismo, que el exasesor admitió la comisión del delito, pero dijo que lo hizo "por orden expresa" del entonces presidente Fujimori, "lo que le permitió manejar no sólo los destinos del SIN sino del país".
Vladimiro Montesinos, una de las principales figuras del Gobierno de Fujimori, fue capturado en junio de 2001 en Venezuela y entregado a la justicia peruana, que lo procesa por haber dirigido la mayor red de corrupción de la historia del Perú.
Los peruanos confirmaron durante el último año, en muchos casos con asombro, que en la red montada por el exasesor participaron más de mil personas, en una historia de intrigas donde la ambición, el chantaje y el soborno fueron los ingredientes principales.
La exhibición de pruebas documentales, sobre todo en los famosos vídeos que Montesinos filmó en secreto, mostró a los peruanos la magnitud de la corrupción de su administración y ha motivado hasta hoy la detención, definitiva o domiciliaria, de 130 personas.
El exasesor fue expulsado en 1977 del Ejército peruano, tras lo cual estudió Derecho y se especializó en defender a narcotraficantes, hasta que se convirtió en el hombre de confianza y jefe de los servicios de información de Fujimori.
Apodado "Doctor" y "Rasputín", aprovechó su posición para espiar y controlar a casi todas las personas importantes e influyentes del país y se encargó directamente de ejecutar y grabar en vídeo esos actos que, finalmente, le traicionaron, acabando con su poder y con el Gobierno de Fujimori, que optó por fugarse a Japón en noviembre del 2000.
Una comisión investigadora del Congreso concluyó que en los últimos años Montesinos movilizó en varios países, como mínimo, 276 millones de dólares, de los que se han ubicado 197,5 millones.
Una fuente judicial informó a EFE de que el exasesor tiene hasta hoy más de 65 procesos penales abiertos, de un total de 140 investigaciones que se siguen en su contra.
Entre otros delitos, el exasesor es acusado de tráfico ilícito de drogas, lavado de dinero del narcotráfico, enriquecimiento ilícito, peculado, corrupción de funcionarios, cohecho, encubrimiento personal y real, tráfico de armas.
También por crímenes de lesa humanidad, lesiones graves, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, corrupción pasiva, extorsión, tráfico de influencias, falsificación de documentos y falsedad genérica.
Montesinos se niega a aceptar su participación en el tráfico de armas o de drogas, así como en violaciones a los derechos humanos, delitos que pueden determinar su permanencia a perpetuidad en una cárcel de máxima seguridad de Lima.
Edición periodística: Gerardo González y Juan Fernando Lara . Fuente: agencias.
