EscucharLa acusación de corrupción a Silvio Berlusconi por los jueces de la operación Manos limpias de Milán, la más grave jamás realizada contra el líder de la oposición de derecha, pone en peligro el proyecto de reforma de la Constitución del gobierno de centro-izquierda italiano.
La acusación a Berlusconi resulta de una investigación iniciada hace dos años en los círculos de sus colaboradores más cercanos: sus abogados Cesare Previti --convertido en 1994 en su ministro de Defensa-- y Vittorio Dotti.
La anticuaria Stefania Ariosto, compañera de Dotti, acusó en 1995 a Previti de haber entregado en los años 80 unos $40 millones al juez Renato Squillante para "arreglar" los asuntos judiciales de Silvio Berlusconi, propietario del grupo de comunicación Finninvest.
El pasado sábado, los magistrados anticorrupción pidieron que se juzgue a Berlusconi, Previti y Squillante, petición que fue recibida con el silencio por los responsables del gobierno de centro-izquierda.
"No comento los asuntos judiciales", declaró el jefe del gobierno, Romano Prodi, seguido por sus ministros y los responsables políticos de la mayoría.
El diario de ultraizquierda Il Manifesto reveló ayer que "este caso ha paralizado prácticamente a la izquierda" porque pone en peligro "el futuro de las reformas institucionales".
El centro-izquierda en el poder quiere, desde hace año y medio, reformar la Constitución italiana para asegurar la estabilidad del país, que desde hace 40 años sufre una crisis política tras otra.
Para que el Parlamento adopte en 1998 estas reformas, a las que el centro-derecha se muestra en general favorable, la mayoría de centro-izquierda necesita el apoyo de una parte de la coalición dirigida por Silvio Berlusconi.
Sin el expresidente del Consejo italiano, su partido, Forza Italia, corre el riesgo de hundirse y, sin este partido, las reformas podrían no ser adoptadas por el Parlamento, indicó este domingo el diario de izquierda La Repubblica.
El presidente de la República, Oscar Luigi Scalfaro, parecía consciente de estos riesgos cuando invitó a los magistrados, el pasado viernes, a ser "responsables" y les pidió una "vuelta a la normalidad", a la vez que invitó al Parlamento "a revisar rápidamente la Constitución".
El 23 de enero, la Cámara de Diputados se pronunciará sobre el levantamiento de la inmunidad parlamentaria de Cesare Previti, diputado de Forza Italia, solicitado por los magistrados de Milán para permitir su detención.
