EscucharAnte la eminente declaratoria de una vivienda de influencia victoriana ubicada en Guadalupe como patrimonio histórico, se reabrió la polémica en torno a la ley 7555, vigente en esta materia.
Los propietarios del inmueble consideran que la legislación no les beneficia. Muy por el contrario, aseguran que les perjudica sobre todo a nivel económico.
Aunque están de acuerdo con que se conserven los tesoros patrimoniales como su vivienda, reclaman más incentivos para los propietarios que se ven involucrados en las declaratorias.
Mientras tanto, las autoridades reconocen las deficiencias, pero aseguran que prevalece el interés público sobre el privado.
Una historia de vida
Las características de la vivienda que habita la familia Jiménez emulan el estilo de las construcciones europeas de finales del siglo XIX. En su interior, el edificio guarda muebles, cuadros, relojes y hasta un viejo piano.
Pero la polémica no se genera solo por los bienes físicos: Allí habita Isabel Jiménez Carrión, quien con sus 84 años de edad ha pasado toda su vida en esta casa. Ella evidencia, con su trato, el temor de toda su familia por la Ley de Patrimonio Histórico Arquitectónico.
Si bien desde que lo permite su memoria los vecinos de Goicoechea han visto esa propiedad como un recuerdo del pasado, fue hasta hace unos meses cuando la alcaldía extendió una petición formal a la oficina de Patrimonio Cultural, del Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes (MCJD), para conservarla.
A criterio del alcalde de Goicoechea, Sahid Salazar, es su responsabilidad que esta vivienda se proteja, pero las directrices en esta línea las establece el Ministerio de Cultura.
"Hasta que el Ministerio no se pronuncie no podemos actuar. Por ahora solo debemos garantizar que se proteja la casa de la familia Jiménez. Si la oficina de Patrimonio nos autoriza y la familia estuviera de acuerdo, podría pensarse en ubicar en esta propiedad la Casa de la Cultura de Goicoechea. Habría que estudiar la posibilidad", advirtió Salazar.
La declaración está aún en trámite, pero desde que fueron notificados los propietarios se han dado al estudio de la legislación existente en esta materia.
Protegerla sí, pero...
Todos los miembros de la familia Jiménez coinciden con el deseo municipal de proteger la vivienda. Para ellos, eso se demuestra en el hecho de que la han preservado por generaciones.
Sin embargo, expresan que esta ley les afecta de manera significativa porque, entre otros problemas, no cuentan con el dinero necesario para darle el mantenimiento que se exige.
Para Ricardo Jiménez uno de los cuatro herederos de la casa, la ley de patrimonio lesiona sus derechos como propietario. "Esta ley es castrante y no beneficia en nada al propietario. No hay incentivos reales y más bien lo tratan a uno como si fuera el malo de la película, como el villano".
Según él, "no es de extrañarse que se ejecuten demoliciones precipitadas y clandestinas de construcciones antiguas antes de ser declaradas como patrimonio. Quienes conocen la legislación saben que, en lugar de indemnizar e incentivar a los dueños, la ley es agresiva con ellos".
Asimismo, en una carta dirigida al ministro de Cultura, Andrés Sáenz, el 27 de agosto de este año, Sara Jiménez manifiesta: "Considero que la ley número 7555 es absolutamente inconstitucional, ya que está violentando el derecho fundamental de disponer y disfrutar de mi propiedad privada, heredada legalmente y que ha pagado por generaciones los impuestos correspondientes"
"No entiendo porqué la ley me despoja de lo que es mío sin tomar en cuenta planes y sueños que, como ciudadana libre, honesta y costarricense, tengo", añade.
De acuerdo con ella, si el Ministerio de Cultura tiene interés en conservar esa propiedad "lo correcto es que actúen honestamente y no aplicando acciones dictatoriales que dejan en entredicho nuestro sistema democrático por al práctica de una ley injusta".
Pero, en la acera de enfrente, la opinión es muy diferente. La jefa de la oficina de asesoría jurídica del MCJD, Orietta González, considera que la ley vigente es el resultado del gran esfuerzo hecho por el Ministerio para crear una normativa que diera protección a las construcciones antiguas.
Para la funcionaria, gracias a esta legislación, hoy se resguardan múltiples propiedades.
Aún así, la abogada reconoce que la derogatoria de los artículos 13 y 22, tras la aprobación de la Ley de simplificación y eficiencia tributaria , dejó algunos vacíos en la normativa que podrían modificarse para el beneficio de los propietarios. "Hay que comprender que, en estos casos, prevalece el interés nacional ante el interés privado. Eso está en apego al artículo 89 de la Constitución, en donde se declara que es deber del Estado velar por su patrimonio histórico", acentuó González.
Agregó que "cuando el proyecto se presentó procuraba mayores incentivos".
Al referirse a las multas que temen los propietarios, la abogada señala que el espíritu de la ley es sancionar a quienes, por mala voluntad o negligencia, dañen el inmueble, pero no a quienes no pueden hacerse cargo por imposibilidad económica.
Consciente de la problemática, Al ser consultado por Viva al respecto, Sáenz evadió referirse a la ley 7555 y remitió a la abogada del MCJD. Él solo se manifestó anuente a promover un cambio en la normativa de patrimonio, pero reconoció que las reformas podrían llevarse varios meses.
Mientras tanto, los propietarios de nuestros tesoros patrimoniales están desprotegidos.
