18 diciembre, 2010
 Óscar López (centro) en campaña con Miguel Calderón y Agnes Gutiérrez, compañeros de papeleta. | ARCHIVO
Óscar López (centro) en campaña con Miguel Calderón y Agnes Gutiérrez, compañeros de papeleta. | ARCHIVO

El Partido Accesibilidad Sin Exclusión (PASE) alquiló vehículos hasta por ¢1,8 millones mensuales cada uno durante la campaña electoral y, luego, pretendió que el TSE le reconociera esas erogaciones con la deuda política.

Los contratos de arrendamiento se extendieron por varios meses y llegaron al grado de que superaron, por mucho, el valor de los carros en el mercado.

Así lo determinó el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) al liquidar los gastos hechos por el PASE tras su participación en las votaciones nacionales de febrero.

Por ejemplo, dicho partido firmó un contrato de ¢5 millones para alquilar un Hyundai Elantra 1991 durante cinco meses, aunque el precio total de ese auto ronda los ¢1,1 millones, según el TSE.

La agrupación, presidida por el exdiputado y excandidato presidencial, Óscar López, hizo 50 contratos de arrendamiento con diferentes propietarios de vehículos.

La mayoría de esos carros se fabricó en la década de los 90.

Uno de los propietarios es el actual diputado del PASE, José Joaquín Porras Contreras, a quien su partido le alquiló un Dodge Raider Ram, 1989, por ¢12 millones durante dos años. El TSE dijo que el precio de ese auto ronda ¢2,8 millones.

En general, los alquileres fueron por lapsos entre 5 y 24 meses, y el PASE pagó por ellos ¢312 millones con bonos de deuda política.

Pero el TSE se negó a reconocer la mitad del monto, dentro del financiamiento estatal, al estimar que los precios son desmedidos.

Para el órgano electoral, dichos arrendamientos exceden los valores cobrados por las empresas de vehículos de alquiler, así como las cifras pagadas por otros partidos por ese rubro.

Además, el monto de algunos contratos duplica o triplica el costo de los autos, destacó el Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del TSE.

Apelación. Óscar López afirmó que los alquileres no son tan altos y arguyó que el criterio de esa dependencia es subjetivo, por lo que presentará una apelación.

El dirigente manifestó: “Nosotros estamos apelando; nos parecen leoninos los criterios usados para liquidar la deuda política. Es opinión de ellos, no están apegadas a derecho, son subjetividades”.

López adujo que los contratos incluían la gasolina y el chofer, lo que eleva los costos pues estos carros se usaron para organizar elecciones distritales y cantonales, además de la campaña nacional.

Igualmente, declaró el excandidato presidencial, las empresas de alquiler de autos no aceptaban bonos de deuda política, por lo cual acudieron a otras personas.

Recibirían la mitad. Aun con las objeciones del Tribunal, varios rentistas recuperarían un monto superior al valor de su vehículo con la liquidación de la deuda política.

El TSE fijó en 56% el precio de los bonos emitidos por el PASE, después de rechazar otros gastos, como el alquiler de una casa club.

En total, le reconoció ¢528 millones de ¢911 millones.

En el caso del diputado Porras, este podría cobrar poco más de ¢6 millones más intereses dentro de dos años, cuando los bonos se hagan efectivos.

El legislador consideró ayer que la decisión del TSE es injusta y aseguró que su carro fue usado, a tiempo completo, para las actividades electorales de su agrupación.

La mayoría de los arrendamientos de autos (37 de estos) se pactaron a un precio de ¢1 millón mensual. Otros dos costaron ¢1,4 millones y ¢1,8 millones, respectivamente, y el resto se tasó en ¢500.000.