EscucharSan Salvador. La Asamblea Legislativa de El Salvador pidió a las bandas de secuestradores que mantienen en cautiverio a menores de edad que respeten su vida e integridad y procedan a su inmediata liberación.
En un comunicado publicado hoy en los diarios locales, el Parlamento expresa "su más enérgica condena ante la práctica abominable del secuestro de niñas y niños" y manifiesta sus condolencias a la familia de Gerardo Miguel Villeda, de 9 años, quien fue asesinado el pasado 21 de julio, poco tiempo después de haber sido secuestrado.
En la actualidad se encuentra secuestrada Sara Lagos, de 8 años, quien fue arrebatada el pasado 19 de junio a una empleada que la acompañaba a su colegio, en la ciudad de Ahuachapán, en el oeste del país.
Tras reconocer el esfuerzo que realiza la Policía Nacional Civil (PNC) en el combate del delito, la Asamblea Legislativa exhorta a la ciudadanía a "asumir un papel protagónico en la lucha contra la delincuencia, denunciando los secuestros y permaneciendo vigilante ante cualquier manifestación delictiva".
Asimismo, hace un llamamiento a la Fiscalía General de la República y la policía para que "actúen y apliquen con todo rigor la ley en la lucha contra el crimen".
El presidente salvadoreño, Francisco Flores, iglesias, diversas asociaciones gremiales y privadas han pedido en los últimos días a la Asamblea Legislativa reformas para endurecer las leyes contra los secuestradores, entre ellos la pena máxima de cincuenta años de prisión, que en la actualidad es de treinta.
El Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (UCA, regentada por jesuitas), también se sumó hoy a las condenas por el asesinado de Gerardo Miguel Villeda y recuerda los asesinatos de otros niños en el país en los últimos años, los cuales han quedado en la impunidad.
La institución califica, en un comunicado, de "justa indignación" las expresiones de la sociedad salvadoreña en torno al asesinato del niño Villeda, pero afirma que "es necesario transformarla, de una vez por todas, en algo concreto: una acción conjunta, inteligente y efectiva encaminada a atacar las causas fundamentales que han generado semejante situación".
Entre las últimas menciona "demasiada pobreza, falta de educación, tolerancia de la corrupción e impunidad para quien tiene un poco más de poder que sus víctimas".
El Instituto de Derechos Humanos de la UCA sostiene que "puede ser sencillo enfrentar con éxito" esa situación y afirma que es "mediante la participación organizada de la población en la defensa y promoción de sus derechos, obligando a que funcione una institucionalidad que ya existe, pero que aún no es creíble ni confiable".
Por su parte, la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económica y Social (FUSADES, privada) dice hoy, en otro comunicado, que desde 1996 ha sido partidaria de un cambio radical en las leyes del país para "dejarlas acorde a nuestras realidades".
La entidad pide al sistema Judicial "tomar su papel tutelar de los derechos de las víctimas", a la Asamblea Legislativa "considerar seriamente la promulgación de una legislación penal que cambie los postulados fundamentales de la que se encuentra en vigor" y al Gobierno y Fiscalía "continuar su lucha contra la criminalidad".
La Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI) expresa hoy, también en un comunicado, que el asesinato de Gerardo Villeda constituye "el peor hecho de barbarie que una sociedad y una familia puede sufrir" y exige al Parlamento "una definición pronta y clara" para reformar las leyes y pide la aprobación de la pena de muerte en casos de secuestro.
Edición periodística: Adriana Quirós Robinson, Nacion.com Fuente: agencias.
