EscucharMadrid (AP). El parlamento español derribó el martes por sorpresa una ley que permitía la clausura de páginas de Internet que ofrecen descargas de películas, series de televisión, música y material de entretenimiento.
El gobierno socialista había argumentado que la polémica normativa, presentada por primera vez en enero, era necesaria para acabar con la piratería y defender los derechos de autor y la propiedad intelectual. Según diversos estudios en Estados Unidos y Europa, España es uno de los países con mayor número de descargas ilegales en la red.
Sin embargo, la iniciativa se topó con un fuerte rechazo de todas las asociaciones de internautas, que en los últimos días consiguieron bloquear con un ataque informático páginas de partidos políticos como medida de protesta e inundaron la Internet de mensajes en contra de la propuesta.
El blanco de todas las críticas era la ministra de Cultura, Angeles González-Sinde, principal impulsora de esta legislación, bautizada en España como Ley Sinde.
Por el contrario, el sector del entretenimiento, editores y destacados artistas españoles como Alejandro Sanz, Miguel Bosé y el director Alex de la Iglesia, presidente de la Academia de cine, habían defendido a través de Twitter, Facebook y otras redes sociales la necesidad de esta ley para garantizar el pago de los derechos de autor.
“Vaya mi apoyo total e incondicional a la Ley Sinde”, escribió Bosé en Facebook. “Qué cobardes los políticos españoles, no van a votar la ley sinde de protección a la propiedad intelectual”, señaló Sanz en Twitter, donde el debate de esta norma fue uno de los 10 temas más comentados del día en España.
A pesar de la controversia, nadie esperaba que el Partido Socialista, que no tiene mayoría en la cámara, fuera derrotado en la votación definitiva. El texto, que forma parte de un contenedor legislativo conocido como Ley de Economía Sostenible, fue rechazado en la comisión de economía por 20 votos frente a 18.
El gobierno dispone en el Senado de una última bala, pero debería presentar un nuevo texto, sustancialmente modificado, si quiere recabar los apoyos necesarios para regular las descargas por Internet. González-Sinde, una conocida guionista de cine, había hecho de esta reforma la principal bandera de su gestión.
La ley ahora vetada contemplaba la creación de una Comisión de Propiedad Intelectual, encargada de revisar las denuncias de particulares o entidades sobre páginas de Internet que lucran ofreciendo descargas gratuitas.
Si la comisión entendía que estos sitios violaban los derechos de autor, podía remitir el caso a la Audiencia Nacional, donde un juez tenía un plazo de cuatro días para autorizar o no el bloqueo de esos contenidos concretos y clausurar la página.
Lo que más irritaba a los internautas era la creación de la citada Comisión, dependiente del Ministerio de Cultura. En su opinión, este órgano era parcial y convertía la legislación en una mordaza y un ataque a la libertad de compartir archivos en la red.
Para la mayor parte del mundo de la cultura y el sector del entretenimiento, esta fórmula era la mejor de defender los derechos de autor y garantizar la distribución de música, cine y entretenimiento.
