EscucharBuenos Aires, 11 ago (EFE).- La Cámara de Diputados de Argentina tiene previsto celebrar mañana una sesión especial para tratar la nulidad de las leyes de impunidad que beneficiaron a ex represores de la última dictadura militar, si bien el Partido Justicialista, en el gobierno, intentará aplazarla para el 19 de agosto.
"La idea del Partido Justicialista (peronista) es bajar al recinto y pedir un cuarto intermedio hasta el martes 19 de agosto", dijo hoy a EFE un portavoz de la presidencia de esa fuerza política.
La sesión de mañana fue convocada por la diputada Patricia Walsh de Izquierda Unida para examinar un proyecto que objeta la validez tanto de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida como de los indultos concedidos por el Ejecutivo en los últimos años.
Asesores del justicialismo mantenían hoy reuniones con integrantes de la opositora Unión Cívica Radical (UCR) para consensuar un proyecto común con el objetivo de debatirlo el próximo 19 de agosto, cuando el oficialismo espera lograr el quórum necesario para celebrar una sesión parlamentaria.
"Mañana (martes) la sesión se va a convocar, pero el justicialismo va a pedir un cuarto intermedio (receso). Probablemente algunos queden sesionando en minoría, pero el tema se tratará el 19", indicó a EFE un portavoz de la presidencia de la Cámara de Diputados, cuyo titular es el peronista Eduardo Camaño.
La sesión fue convocada para las 14 horas (1700 GMT), cuando más de 200 organizaciones sociales y fuerzas políticas tienen previsto realizar una marcha hacia el Parlamento para exigir la anulación de las leyes sancionadas en la década de 1980, que libraron de responsabilidades penales a más de un millar de militares.
La iniciativa también incluye los indultos decretados desde 1989 hasta la actualidad, que han permitido salir de prisión tanto a los jefes del último régimen militar como a los líderes de los grupos guerrilleros que actuaron en Argentina a partir de los años 70.
Bajo las consignas "Por una Argentina sin impunidad" y "Cárcel a los genocidas", los organismos de derechos humanos, que se oponen a que posponga la sesión prevista para mañana, buscarán ejercer presión para que los diputados formen el quórum necesario para abrir la sesión.
La discusión sobre la validez de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida volvió a cobrar estado público cuando el juez español Baltasar Garzón, quien investiga los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura (1976-1983), pidió la captura con fines de extradición de 45 militares y un civil.
De los 46 procesados en España por genocidio, terrorismo de Estado y torturas permanecen bajo arresto 41, mientras que dos han muerto y los tres restantes fueron declarados prófugos por el juez argentino Rodolfo Canicoba Corral, quien está a cargo de la causa.
Mientras tanto, la Corte Suprema de Justicia de Argentina debe expedirse sobre la validez o no de las llamadas leyes de impunidad, pero ya ha declarado que no aceptará ningún tipo de presión y que se tomará todo el tiempo que considere necesario para resolver el espinoso asunto.
Según cifras oficiales, durante la última dictadura militar en Argentina desaparecieron 18.000 personas, si bien los organismos defensores de los derechos humanos aseguran que fueron 30.000. EFE
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