A Rosemarie Vargas le diagnosticaron Alzheimer cuando tenía 52 años; hoy tiene 64. Si bien el seguro social le da algunos de los medicamentos que necesita, no incluye un fármaco que le ayuda a controlar los síntomas. Igual, invierte casi el total de su pensión en adquirirlo.
Para Paúl Rueda, abogado y director de la maestría de derecho constitucional de la UNED, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) debería realizar estudios para dictaminar técnicamente cuáles fármacos son aptos y necesarios para mejorar la calidad de vida de estos pacientes.
“Si existieran los criterios técnicos que demostrasen esa mejoría, pues evidentemente habría derecho a esos medicamentos”, argumentó Rueda.
Este fue uno de los temas que formaron parte del ciclo de charlas impartidas ayer por la Asociación Costarricense de Alzheimer (Ascada) por el Día Mundial del Alzheimer, cuya fecha oficial de celebración es el 21 de setiembre.
“Se está trabajando en establecer alianzas con la CCSS para que los familiares puedan saber cuáles son sus derechos y deberes y los recursos que existen”, comentó Jenny Mora, psicogerontóloga y presidenta de Ascada.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), 18 millones de personas en el mundo tienen la enfermedad de Alzheimer. De estos, una de cada diez personas mayores de 65 años la padecen.
En este sentido, el reto está en garantizarles a estos pacientes una vida digna dado que es una enfermedad que no tiene cura.
Por eso, según Rueda, una vez establecidos los criterios técnicos en el caso de los fármacos, se pasaría a una segunda etapa, más relacionada con el proceso jurídico.
En esta fase se discutiría sobre el derecho que se tiene o no sobre esos medicamentos.
“Es que viera cómo me ayuda”, confió Vargas en referencia al fármaco que compra. El caso de la madre de Sara Mora es similar.
A ella le diagnosticaron la enfermedad hace cinco años. Debido al mal trato recibido en uno de los hospitales, sus familiares hicieron un esfuerzo para pagarle un médico particular. Él fue quien les recomendó el fármaco que permite controlar los síntomas.
“Vea: nosotros somos pobres, pero no escatimamos en comprarle el medicamento porque ella se lo merece. Aunque ya no me reconoce, solo el verla comer de nuevo, riéndose, cantando... Es algo bellísimo”, comentó Mora.
Sin embargo, no todos los pacientes cuentan con una red de apoyo como la madre de Mora.
Además, muchas veces no se cuenta con la solvencia económica para costear el tratamiento farmacológico.
“El problema se agrava porque estamos hablando de personas que ya no son activas en lo laboral, sino que son completamente dependientes de otros”, dijo Rueda.
Agregó: “Se requieren más instituciones de asistencia social para los grupos de adultos mayores cuyas familias no tienen posibilidades económicas de darles un nivel de vida digno”.