EscucharGinebra (AFP). La ONU se mostró escandalizada esta semana por los métodos de contratación de mercenarios de países pobres, entre ellos Perú y Ecuador, por empresas de seguridad occidentales que los envían a zonas peligrosas como Iraq, donde cientos de ellos han muerto desde 2003.
Los guardias de seguridad privados contratados por estas empresas representan la segunda fuerza armada extranjera en Iraq, por detrás del contingente estadounidense, y seguidos por las tropas británicas, subraya el presidente del grupo de trabajo de la ONU sobre el empleo de mercenarios, el español José Luis Gómez del Prado.
"Al menos 160 empresas trabajan en Iraq. Emplean probablemente entre 35.000 y 40.000 personas", estimó Gómez del Prado tras la segunda sesión del grupo de trabajo que se reunió esta semana en Ginebra.
Según él, más de 400 mercenarios han muerto en Iraq desde la invasión estadounidense, en 2003, una cifra superior a los 132 fallecidos entre el ejército británico, "y muchos más han sido heridos".
En un informe que el grupo de trabajo entregará en marzo al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, con base en Ginebra, Gómez del Prado y cuatro expertos independientes expresarán su "preocupación" por las condiciones de contratación de estas personas por parte de sociedades estadounidenses como Triple Canopy y Blackwater.
Muchos son ex políticos o militares contratados en Filipinas, Perú o Ecuador, según el grupo, que recientemente viajó a estos dos últimos países.
"Se les forma rápidamente, pero no están preparados para situaciones de conflicto armado", estima Gómez del Prado. "Se les envía allí, reciben un (fusil de asalto) M16 y se les destina a lugares peligrosos como la zona verde (de Bagdad), convoyes", a veces de organizaciones humanitarias, "y embajadas".
Pero están peor formados que las tropas estadounidenses y "al estar armados, están en una situación en la que pueden violar los derechos humanos", apunta.
Mientras que un empleado estadounidense o europeo gana unos 10.000 dólares al mes, el sueldo de un trabajador peruano no llega generalmente a 1.000 dólares, indica. Los derechos de estos trabajadores, sobre todo el derecho laboral, se violan frecuentemente.
"El contrato que firman a veces esconde cosas que no están claras. El original está en inglés, lengua que la mayoría no habla", según el experto de la ONU.
El derecho aplicable es el del país donde la empresa tiene la sede, y en caso de litigio, parece difícil que "un peruano presente una demanda en un tribunal estadounidense", observa.
El fenómeno de las empresas de seguridad privadas aumenta: por cada empleado privado, hay cuatro soldados estadounidenses en Iraq, frente a uno por cada 50 durante la primera guerra del Golfo, añade, tras expresar su preocupación por el vacío jurídico existente en la materia.
El estatuto de estas empresas no está cubierto por la definición estricta de mercenario contenida en la Convención Internacional de 1989 sobre la utilización, contratación, financiación y formación de mercenarios, que firmaron 28 países.
"Es un poco como la diferencia entre los corsarios y los piratas antiguamente", compara.
Además de las zonas de conflicto, Gómez del Prado denuncia la presencia de estas empresas en lugares de extracción minera, donde "violan los derechos ecológicos y sociales de las comunidades que quieren defender su tierra o su medio ambiente de la contaminación".
