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La preocupación de la comunidad indígena de Térraba por la intención del ICE de usar sus territorios para una planta hidroeléctrica tuvo eco en la Organización de Naciones Unidas (ONU).
Así se desprende de una advertencia que le hizo al país el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU, mediante una nota de agosto del 2010, y que Costa Rica Rica respondió el 28 de enero, tres días antes de que se venciera el plazo.
En la misiva, el Comité le recuerda al país obligaciones de consulta y participación a los pueblos indígenas que se podrían ver afectados con la construcción del proyecto hidroeléctrico El Diquís.
Para el Ministerio de Relaciones Exteriores, no se trató de una “llamada de atención”, sino de un procedimiento de “alerta temprana”, según la respuesta enviada el viernes ante consultas de este diario.
El Diquís es la planta que el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) pretende construir en Buenos Aires de Puntarenas, por un valor de $2.072 millones y con una capacidad instalada de 630 mevagatios (MW).
Para hacerlo, sin embargo, requiere de 7.000 hectáreas, 900 de las cuales están en reserva indígena.
Dichos territorios son “inalienables” como lo señala la ley indígena y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
“El Comité, por lo tanto, pide que el Estado parte proporcione información sobre las medidas tomadas para asegurar la participación eficaz del pueblo Térraba y de otros pueblos indígenas cuya toma de decisiones referente a todos los aspectos y etapas del plan de la presa de Diquís ha sido afectada, y para obtener su consentimiento libre, previo e informado con respecto a ese proyecto”, dice la misiva.
De acuerdo con la oficina de prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores, el ICE fue el responsable de elaborar el informe.
“Se hizo énfasis en que el proyecto hidroeléctrico solo está en fase de estudio de impacto socioambiental, y que aún no se ha iniciado el desarrollo propio del proyecto”, explicó la Cancillería.
Además, “fue categórico” en cuanto al “proceso de información” que el ICE mantiene con las comunidades.
Las afirmaciones contrastan con reclamos de la comunidad Térraba, señalados en la demanda que el 21 de marzo presentó contra el ICE, el Estado y un particular.
