EscucharLos relatos de Wilfredo Chewez, coordinador de centros educativos del Programa Regional Antidrogas (PRAD), del Ministerio de Seguridad Pública, son escalofriantes. Pensar en grupos de estudiantes organizados para cobrar “peaje” a sus condiscípulos cuando transitan por los pasillos del colegio, bajo amenaza de disparar o apuñalar a quien se resista, es un desafío para la imaginación de los costarricenses criados en épocas no muy lejanas.
La detención en pleno centro educativo de un chiquillo con 14 dosis de droga y un picahielo oculto entre las ropas, se antoja increíble, aunque, a juzgar por las historias del policía, hallazgos como ese son frecuentes. Pero Chewez tienta la incredulidad cuando relata la intervención de un maestro, cuya interesada defensa del alumno se explica por las diez dosis que el propio “educador” poseía.
Otro jovencito de apenas 15 años portaba marihuana, papel para hacer cigarrillos y manoplas para lo que haga falta. Los decomisos en todo el país incluyen armas de fuego y ni siquiera los primeros niveles de la enseñanza secundaria escapan al flagelo de las drogas, incluidas las más peligrosas y baratas, como el crack , cuyo poder adictivo es casi fulminante.
“Enganchar” a un chiquillo para hacerlo dependiente de esa droga, es cuestión de suministrarle unas pocas dosis. De ahí a convertirlo en distribuidor, hay un pequeñísimo paso. La posibilidad de una condena vitalicia a la adicción y el crimen, desde tan temprana edad, es altísima.
El país no puede permanecer indefenso ante sucesos de tanta gravedad. Chewez considera inadecuado el protocolo aplicado por las autoridades del Ministerio de Educación Pública (MEP) y se queja de la falta de participación de expertos policiales en el diseño del manual. “Hace falta que el MEP se acerque, porque ahorita están maniatados”, afirmó.
Rocío Solís, directora de la Contraloría de Derechos Estudiantiles del MEP, explica que las potestades de la institución son exclusivamente preventivas. “No podemos ser represivos. Los centros hacen la revisión de bultos, pero de forma preventiva”, afirmó.
En uno y otro caso, las razones son atendibles, pero la realidad evidencia la limitada eficacia de las medidas adoptadas hasta ahora. Es difícil saber cuánto mayor sería el problema en ausencia de esas medidas, pero tampoco se puede negar la gravedad de la situación existente a pesar de ellas. Es preciso fortalecerlas.
La tarea corresponde al MEP y al Ministerio de Seguridad Pública, pero también a los padres de familia y a las comunidades afectadas. Los derechos estudiantiles tienen poco sentido si entre ellos no figura la protección contra el narcotráfico y un futuro lleno de cárcel, miseria y enfermedad. Los padres deben comprenderlo y colaborar con las autoridades educativas. Además, las comunidades deben mantenerse vigilantes.
A la luz de los dolorosos hechos constatados por policías y educadores, el debate sobre el carácter obligatorio de la revisión de bultos a la entrada de los centros educativos carece de sentido. Esa y otras medidas son justificadas, o más bien exigidas, por las tragedias descritas. Es preciso estudiar otras iniciativas en el marco de la ley y analizar, también, si la ley requiere de reformas.
El problema también concierne a los sectores políticos convencidos de que el narcotráfico es un problema ajeno, especialmente de los Estados Unidos, y se niegan a permitir la plena cooperación de nuestras autoridades con las de la poderosa nación del norte.
La droga que transita por Costa Rica, es cierto, se dirige casi toda a Norteamérica. Otro tanto toma el rumbo de Europa, pero no hace falta más comprobación para conocer los efectos del residuo destinado al mercado local. No hay derecho a negarle al país el aprovechamiento de cuantos medios estén a su alcance para proteger a una juventud enfrentada con tan graves peligros.
