
Una oposición total mostraron los ayuntamientos del área metropolitana ante el acuerdo de la Municipalidad de La Unión de solo aceptar la basura generada en dicho cantón y en Curridabat.
Dicho acuerdo fue dado a conocer el jueves en la noche por el Concejo de La Unión, donde se indica que se cierra dicho relleno a todas las municipalidades que lo usan, con excepción de los lugares en que se ubique, mientras se procede al cierre técnico.
Tanto el Gobierno como los ejecutivos municipales de Curridabat, Tibás, Aserrí, Montes de Oca y Desamparados, calificaron la decisión de precipitada y carente de solidaridad por parte de su homólogo de La Unión, "pues empeora el problema de la basura".
Sin embargo, en el campo jurídico las posiciones de abogados constitucionalistas son diferentes. Algunos dan la razón al Estado, otros a la Sala IV. (Véase nota aparte.)
Según el ejecutivo municipal de Curridabat, Oscar Jiménez, la decisión de La Unión no va a ser avalada por el Concejo de su cantón, debido a que el problema de la basura no es un asunto de dos cantones.
Agregó que el acuerdo fue antojadizo e ilegal, pues no es lo mismo los terrenos privados que los del Estado. "El relleno de Río Azul es de aproximadamente 40 hectáreas, de las cuales 25 son del Convenio Cooperativo Intermunicipal (COCIM) y el resto pertenecen al Ministerio de Salud."
Mientras tanto, Herman Weinstok, ministro de Salud, dijo ayer que el acuerdo municipal es producto de una interpretación errónea de la resolución de la Sala Cuarta.
A su juicio, el Estado no tiene que pedir permiso para construir ningún tipo de infraestructura y enfatizó que la finca donde está Río Azul es propiedad del Estado y su administración está a cargo de la Comisión Nacional de Emergencia (CNE).
Por su parte, el Ejecutivo Municipal de San José, Johnny Araya, apoyó la posición de su homólogo de Curridabat, al afirmar que dicho acuerdo demuestra la falta de solidaridad con los otros municipios.
"Este acuerdo de la Municipalidad de La Unión obedece a un error de interpretación del fallo de la Sala Constitucional", aseveró el ejecutivo municipal josefino.