Municipio no cobra a buses uso de parada hace 10 años

La falta de reglamentación y orden impide a la Municipalidad de Alajuela cobrar a 16 empresas autobuseras una tarifa por el uso de la terminal de buses Fecosa, en esa ciudad.

A pesar de no percibir ni un colón, el Ayuntamiento gasta al menos ¢13 millones anuales en salarios de empleados y cerca de ¢30 millones en mantenimiento y recolección de desechos en ese lugar.

Por ahí pasan a diario unas 25.000 personas y, además, operan 20 puestos comerciales.

Sin embargo, la Municipalidad no tiene contratos ni registros de las compañías que usan la estación de buses, ni tampoco claridad sobre las autorizaciones de 20 puestos comerciales.

Estos fueron algunos de los señalamientos que hizo la Contraloría General de la República en el informe DFOE-DL-IF-1-2012, emitido tras investigar una denuncia.

“Dicha estación de buses ha estado funcionando por muchos años al margen de la vigilancia rigurosa de diferentes administraciones municipales, a pesar de tratarse de un bien patrimonial”, dijo el ente contralor.

Acciones. La Contraloría le dio al municipio dos meses de tiempo para reglamentar el uso de Fecosa y un año para su reordenamiento.

Roberto Thompson, alcalde de Alajuela, reconoció el problema y aseguró que se hacen esfuerzos para solucionarlo.

Incluso, dijo, trabajan con los empresarios para firmar un convenio sobre usos de la terminal y fijación de un canon.

Luis Domingo Aguilar, empresario de Coopetransasi y miembro de esa comisión, confirmó el avance de las conversaciones.

“Siempre hemos estado en la mejor disposición de que se mejore la calidad de los servicios”, dijo.

Según Thompson, entre los aspectos pendientes está el determinar qué actividades se pueden realizar legalmente en ese terreno pues existen dos normativas que hacen referencia a ello.

Además, dijo, hay que revisar la existencia de eventuales derechos por parte de comerciantes pues en el pasado se otorgaron patentes ambulatorias que se convirtieron en puestos permanentes.

Para la reubicación comercial, se asignaron ¢90 millones, pero el plan quedó en suspenso, a la espera de la decisión del ente contralor. Colaboró Francisco Barrantes.