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Un mes después de que las autoridades rumanas comenzaran a cobrarles impuestos por ejercer su oficio, las clarividentes y adivinas de ese país están molestas por un nuevo proyecto de ley que las amenaza con multas e incluso con prisión si sus predicciones no resultan ciertas.
“Ellos no pueden condenar a las adivinas, deberían condenar a las barajistas”, dijo Bratara Buzea, una “profesional” de la magia negra, en entrevista telefónica con la agencia AP.
La superstición es algo serio en la tierra del conde Drácula y las autoridades han apuntado hacia las brujas para que contribuyan con el vapuleado país, que necesita recaudar más dinero y busca castigar la creciente evasión de impuestos.
En enero, las autoridades cambiaron las leyes laborales para reconocer oficialmente la ancestral práctica como una profesión sujeta al pago de tributos.
La nueva propuesta de ley fue aprobada en el Senado la semana pasada, y ahora requiere el visto bueno del panel financiero y laboral. Bratara opinó que la propuesta es exagerada. “¿Qué vamos a hacer cuando el cliente da detalles falsos sobre sí mismo?”, dijo.
La ley contempla, además, prohibir el ejercicio del oficio cerca de escuelas e iglesias, exigir a las brujas un permiso de trabajo y que den recibos a los clientes. AP
