Por Miguel Bas
Moscú, 12 mar (EFE).- En vísperas de los festejos del fin de la II Guerra Mundial (1939-1945) Rusia ha dado motivo para reanimar en Polonia los rencores por la más trágica página de las relaciones bilaterales: la matanza de 20.000 prisioneros polacos en 1940.
Tras 14 años de investigación, Rusia la dio por cerrada y, según los acuerdos preliminares, debía compartir los resultados con Polonia.
Sin embargo, sólo está dispuesta a facilitar 67 del total de 183 tomos del dossier, pues los demás contienen "secretos de Estado".
Y la razón de ese secretismo es que Rusia no quiere que en vísperas del 60 aniversario de la derrota del nazismo a alguien se le puedan ocurrir sus similitudes con el estalinismo.
Según dijo al diario digital "Grani.ru" el jefe del departamento de investigación del Instituto de Memoria Nacional, el catedrático Witold Kulesza, Moscú se niega a calificar aquella matanza como genocidio o crimen de guerra, que no tendría plazo de prescripción, y deniega la entrega de las listas completas de los organizadores y ejecutores de la masacre.
La Fiscalía Militar rusa dijo ayer, viernes, que no había hallado pruebas de que aquella matanza fue un caso de genocidio o crimen de guerra, como sostiene el Instituto de la Memoria Nacional de Polonia.
En 1940, miles de militares polacos internados de la parte oriental de Polonia que, por acuerdo con Alemania, fue ocupada por el Ejército Rojo, fueron transportados a los campos de concentración de Kozielsko, Starobielsk y Ostaszkov, y asesinados por los servicios secretos estalinistas en el bosque de Katin, uno a uno, de un tiro en la nuca.
Durante medio siglo la URSS acusó de la matanza a las tropas alemanas, las cuales en su avance hacia el este descubrieron en 1943 las fosas comunes con los restos de los militares asesinados tres años antes. dijo Savinkov
Luego, durante el proceso de Nuremberg (1946) contra el régimen nazi y sus principales criminales, la URSS intentó incriminar el caso de Katin, pero éste fue retirado al no resistir la menor investigación de juristas no soviéticos.
Sólo en 1989 el reformista líder soviético Mijaíl Gorbachov reconoció la responsabilidad de la URSS por aquella masacre, y en 1992 el primer presidente ruso, Borís Yeltsin, entregó al entonces jefe del Estado polaco, Lech Walesa, documentos que probaban la matanza de unos 26.000 militares y civiles en Katin.
En diciembre pasado, el jefe de la diplomacia rusa, Serguéi Lavrov, confirmó a su colega polaco, Wlodzimierz Cimoszewicz, la próxima entrega de ese informe, en respuesta a una petición expresa del presidente de Polonia, Aleksander Kwasniewski.
No obstante, "sesenta y cinco años después de que el Politburó estalinista ordenara exterminar a más de 20.000 polacos, apresados en 1939, la valoración jurídica y política de aquel crimen siguen pendientes por culpa de la parte rusa", denuncia Kulesza.
Este nuevo revés en la cooperación de Rusia con los países de Europa del Este que también conocieron los horrores del estalinismo se produce después de que el presidente polaco expresara su solidaridad con Lituania y Estonia, que se negaron a acudir a Moscú para festejar una victoria que dio paso a medio siglo de ocupación soviética de los tres países bálticos.
La presidenta de Letonia, Vaira Vike Freiberga, sin embargo, aceptó la invitación y junto con Kwasniewski se propone aclarar en Moscú sus posiciones respecto a aquella victoria, que para media Europa significó la liberación y para el resto del continente abrió otro medio siglo de ocupación.
También se proponen recordar el pacto Molotov-Ribbentrop, por el que en vísperas de la II Guerra Mundial, Hitler y Stalin se repartieron Polonia.
Ello podría aguar la fiesta al presidente ruso, Vladímir Putin, quien hace poco justificó al viejo estilo soviético aquel acuerdo, que abrió el camino para la entrada del Ejército Rojo y la anexión de las regiones orientales de Polonia y Rumanía, así como de las repúblicas bálticas.
Una declaración del Ministerio de Asuntos Exteriores de Lituania ya entonces resaltó con indignación que "la necesidad de garantizar los intereses propios y de asegurar las fronteras (de la URSS) no puede servir de justificación para la anexión de otros estados soberanos". EFE
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