EscucharMadrid, 11 ago (EFE).- El ministro español del Interior, José Antonio Alonso, explicó hoy en el Parlamento las investigaciones por la muerte de un ciudadano en el cuartel de la Guardia Civil de Roquetas de Mar, en la provincia de Almería, y desveló que desde ese puesto se omitieron en un primer momento pruebas de lo sucedido.
En su comparecencia, Alonso detalló las actuaciones adoptadas por su Departamento tras conocer la muerte de Juan Martínez Galdeano, insistiendo en que su Ministerio tendrá "tolerancia cero" frente a cualquier irregularidad que vulnere los derechos de los ciudadanos.
Los hechos ocurrieron el 24 de julio pasado, cuando murió el agricultor Juan Martínez Galdeano, de 39 años, presuntamente como consecuencia de la violencia ejercida por varios agentes de la Guardia Civil durante su detención en el cuartel.
Alonso, quien en nombre del Gobierno español y de su Ministerio dio al principio de su comparecencia las "más profundas condolencias" a la familia del fallecido, mostró su apoyo a la Guardia Civil y defendió con contundencia la actuación del director general de este cuerpo, Carlos Gómez Arruche, en el caso.
Aseguró que el director general de la Guardia Civil "hizo en cada momento lo que tenía que hacer".
Sobre la omisión de pruebas, el ministro explicó que el teniente imputado por estos hechos ocultó el uso de dos armas antirreglamentarias para reducir a Martínez Galdeano, quien, según recordó, había acudido "por su propio pie" al cuartel para denunciar unos incidentes de tráfico.
Además, desveló que los datos suministrados por el puesto de Roquetas a la Comandancia de Almería apuntaban a que las cintas del circuito cerrado de televisión que graba lo que ocurre dentro del cuartel no recogieron ningún hecho relevante de lo sucedido, pues los momentos en que Martínez Galdeano fue reducido el detenido "quedaban en una zona oculta para la grabación".
Sin embargo, el 26 de julio, el teniente coronel jefe de la Comandancia de Almería remitió un informe de urgencia, con fecha del día anterior, a la Subdirección General de Operaciones de la Guardia Civil en Madrid que desmentía esos primeros datos.
El informe, destacó Alonso, indicaba que, "visionadas de nuevo las cintas" de las cámaras de seguridad del cuartel, "se observa cómo", mientras cuatro guardias reducían en el suelo al detenido, aparece de paisano el teniente del puesto, provisto de una defensa de tipo telescópica en una mano y en la otra una defensa eléctrica.
El informe concluía destacando que "esta última circunstancia (el empleo de dos armas antirreglamentarias) no fue referida ayer por el teniente al comandante ni al alférez de la unidad orgánica de policía judicial".
Alonso reveló también que, tras el visionado del vídeo en presencia del teniente coronel y el comandante de Almería, le preguntaron al teniente por qué no comentó el empleo de la defensa eléctrica que se ve con claridad en las imágenes, a lo que éste contestó: "de haber sabido el día anterior de la existencia de estas imágenes, las mismas no las hubiéramos visto hoy".
Por su parte, los agentes imputados mantuvieron, tras la comparecencia de Alonso, que no obstaculizaron la investigación, ni omitieron "ningún dato", según dijeron a EFE fuentes próximas a dos de ellos.
Respecto a la adopción de medidas para tratar de evitar en lo posible este tipo de hechos "aislados", el ministro anunció que ha dado instrucciones al secretario de Estado español de Seguridad, Antonio Camacho, para que se realice una evaluación sobre el respeto a los derechos de los detenidos y las condiciones materiales en los centros de detención a fin de proponer situaciones de mejora.
También propuso que se revisen los protocolos policiales sobre el trato a los detenidos para crear una directiva común a los dos Cuerpos policiales, (la Guardia Civil y la Policía Nacional). EFE
(con fotos)
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