EscucharWashington (DPA). En 1977, el asesino convicto Gary Gilmore rechazó todas los recursos e insistió en ser ejecutado, convirtiéndose así en el primer prisionero estadounidense ajusticiado desde que seis meses antes el Tribunal Supremo restaurara la pena de muerte.
Gilmore, un delincuente consumado que mató a tiros a dos empleados durante un robo en Utah, eligió un pelotón de fusilamiento en lugar de la horca y pasó a ocupar el centro de uno de los principales debates sobre el sistema judicial de Estados Unidos.
El aumento de crímenes durante las décadas de los 70 y los 80 se había traducido en un apoyo popular masivo a la pena de muerte. Si bien el uso de esta práctica se ha reducido en los últimos años, hoy alcanzó un triste hito con la ejecución número 1.000 desde que se restableció, en 1976.
Kenneth Lee Boyd, de 57 años, falleció hoy tras habérsele administrado una inyección letal en una cárcel de Raleigh, Carolina del Norte. En 1994, Boyd había sido condenado a la pena capital por causar la muerte a su ex mujer y al padre de ésta ante la presencia de sus dos hijos.
El Tribunal Supremo derogó en 1972 la legislación en materia de pena de muerte por considerar que esta práctica, tal y como se administraba en aquella época, violaba la Constitución estadounidense, que prohibía el castigo cruel. Debido al aumento de cuestionamientos sobre la legalidad de esta práctica, la última ejecución se había realizado seis años antes de la abolición de la pena.
En 1976, El Tribunal supremó volvió a autorizar la pena capital mediante una revisión de las leyes estatales que regulan casi todos los casos de homicidio. Desde entonces, la inyección letal se ha convertido en el método preferido por la mayoría de los estados.
Los críticos de esta práctica defienden que la ejecución impide al preso la oportunidad de exoneración en caso de que después se encontraran nuevas pruebas y además llaman la atención sobre el elevado número de negros estadounidenses que se encuentran en el corredor de la muerte.
Rick Halperin, presidente de la Coalición para la Abolición de la Pena de Muerte de Texas y de Amnistía Internacional en EEUU, señaló que la justicia económica y racial es uno de los muchos motivos para poner fin a las ejecuciones.
"Por supuesto, una de las principales razones es que no se trata de un sistema infalible y personas inocentes pueden morir", dijo.
Desde 1971, 122 prisioneros han logrado librarse del corredor de la muerte.
"Muchas personas critican que tantos condenados a muerte hayan resultado después inocentes", dijo Halperin. "Otra de las causas por la que se producen tantas movilizaciones es que la gente se está dando cuenta de que la vida sin libertad condicional es una opción viable."
Halperin añadió que cree que existen al menos tres casos con pruebas contundentes en los que se demuestra la ejecución de condenados inocentes. Actualmente se están realizando pruebas de ADN que podrían demostrar la inocencia de un recluso de Virginia al que se le administó la pena capital.
Las pruebas de ADN constituyeron la clave para detener el ajusticiamiento de otro hombre el miércoles en Virginia. Robin Lovitt estaba acusado de matar a un empleado de una sala de juegos con unas tijeras en un robo perpetrado en 1998, pero él negó haberlo hecho.
Un empleado judicial tiró por error las posibles pruebas de ADN (incluidas las tijeras) antes de que Lovitt hubiera agotado todos los recursos legales, lo que llevó al gobernador Mark Warner a cambiar la sentencia por cadena perpetua.
De los 50 estados que componen el país, 33 autorizan actualmente la pena de muerte. El año pasado fueron ejecutados 59 presos en Estados Unidos, 23 de ellos en Texas.
No obstante, varias encuestas recientes muestran que cada vez menos ciudadanos apoyan esta práctica.
En octubre, un estudio revelaba que el 64 por ciento de los estadounidenses se declara a favor, lo que constituye el resultado más bajo desde que se restableció la pena capital y dista mucho del 80 por ciento que la apoyaba en 1994.
Las cuestiones sobre la raza, las desigualdades en el sistema judicial y el creciente número de reclusos que han sido declarados inocentes mediante las pruebas de ADN son cada vez más debatidas.
En 2002, el Tribunal Supremo de Estados Unidos sentenció que las personas con deficiencias mentales no podían ser ejecutadas. Este año, otro tribunal dictó que es ilegal administrar la pena de muerte a delincuentes que cuando cometieron el crimen eran menores de edad.
El Centro de Información sobre la Pena de Muerte, con sede en Washington, informó de que la cifra anual de ejecuciones ha disminuido un 40 por ciento desde finales de los 90, junto a una caída todavía más acusada del porcentaje de sentencias de pena de muerte.
Según Halperin, es inevitable que se produzca un cambio en la decisión que el país tomó en 1976.
"Ya no se trata de un pudiera ser, sino de cuándo", dijo.
