En los últimos años, diversas instituciones públicas y privadas han empezado a digitalizar sus archivos. Entre estas iniciativas, destacan la Biblioteca Nacional, cuyas valiosas colecciones de libros, folletos, periódicos y revistas pueden ahora ser consultadas por Internet; y el diario La Nación, que ha puesto en línea ya una parte importante de sus ediciones del período 1946-1991. A este esfuerzo se han sumado también las universidades públicas y, en días recientes, la Imprenta Nacional, que acaba de inaugurar su Editorial Digital.
Aunque poco conocida, no menos relevante es la labor realizada por la Biblioteca de la Asamblea Legislativa (BAL), que ofrece al público una importante colección de documentos digitalizados, incluida la Revista Parlamentaria y las memorias de Educación (1905-1974), Relaciones Exteriores (1851-2005) y Salubridad Pública (1927-1953). Pueden consultarse en la siguiente dirección: http://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/biblioteca/default.aspx
Sin duda, es un acierto de la BAL haber asumido esta tarea con una perspectiva histórica.
La digitalización de las memorias de los distintos ministerios es fundamental no solo para facilitar y promover diversas investigaciones sobre el pasado y el presente de la sociedad costarricense, sino también para contribuir al fortalecimiento de la cultura cívica del país y a la promoción de la transparencia en la gestión del sector público, dado que tales documentos constituyen un componente básico de la rendición de cuentas (una práctica ya casi bicentenaria en Costa Rica).
Gracias a este esfuerzo de la BAL, a corto plazo la ciudadanía costarricense podrá tener acceso, mediante Internet, a todas las memorias ministeriales y a otros recursos parecidos, como las memorias de la propia Asamblea Legislativa y, quizá también, las de la Contraloría General de la República.
Dadas las valiosas y diversas experiencias de digitalización de archivos y materiales actualmente en curso, sería más que oportuno que alguna instancia, con representación de las instituciones antes mencionadas, asuma la necesaria tarea de coordinar esfuerzos, uniformar los criterios de qué digitalizar y cómo hacerlo y elaborar un catálogo básico de los recursos ya disponibles en Internet.
Asimismo, tal instancia podría facilitar que instituciones estratégicas que todavía no se han sumado a este proceso de digitalización, se incorporen a la mayor brevedad posible.
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