EscucharConvencido de que el proceso penal por el mayor descalabro bancario de la historia sorprendió al sistema judicial, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Edgar Cervantes Villalta, externó su temor de que el caso del Banco Anglo Costarricense (BAC) sea objeto de discusión política en la próxima campaña electoral y se afecte, con eso, al Poder Judicial.
En una entrevista con La Nación, realizada el pasado viernes en su despacho, Cervantes advirtió que actuaría en legítima defensa -no especificó en qué forma- en caso de que los partidos políticos mayoritarios pretendan "llevar agua para su molino" a partir del proceso del Anglo.
El máximo jerarca judicial negó que haya habido un cambio en su percepción sobre la causa del BAC -que ayer cumplió tres años de haber cerrado sus puertas- y sostuvo que, desde sus inicios, la ha considerado como uno de los procesos más importantes de los últimos años.
Durante una hora y media de conversación, también admitió que el Poder Judicial está en desvantaja con respecto a la capacidad económica de la defensa privada, a cargo de equipos de abogados de gran prestigio y experiencia.
El siguiente es un resumen de la entrevista:
-¿Cómo visualiza el proceso judicial por la debacle del Banco Anglo?
-Al menos yo lo he tomado como uno de los procesos más importantes de los últimos años. No significa que los demás no lo sean, pero este, por su cuantía y cantidad de personas involucradas, se sale de lo normal.
-A partir de esas consideraciones, ¿cree que el caso es excepcional?
-Sí, inclusive me preocupa que pueda verse involucrado en la política partidista porque sabemos que vienen las elecciones y que aquí pueden tener intereses, en uno u otro sentido, los partidos mayoritarios. Y, en definitiva, el Poder Judicial puede verse involucrado sin querer.
-¿Cree usted que parte de la credibilidad del Poder Judicial está en juego con este proceso?
-Bueno, me preocupa porque si en la campaña política los partidos van a tratar de llevar agua a su molino hablando de este proceso, me parece que tendrán que referirse tanto a la Corte como a los tribunales. Alguien dijo que en este proceso político va a estar de por medio justamente el Poder Judicial. Pero en cuanto a que pierda credibilidad o no, creo que ya no se nos puede decir más de lo que se nos ha dicho.
-¿Piensa tomar alguna medida para evitar la politización del caso?
-No, porque sería raro e inusual. Creo que el asunto hasta ahora ha estado bien tratado, pero actuaría en legítima defensa si no lo hicieran.
-Cuando se iniciaba la causa judicial, y ante presiones de ciertos sectores, usted manifestó que el caso era como cualquier otro de los que se tramitan en los tribunales de justicia. ¿Ha habido una evolución en su percepción de la causa?
-Tal vez eso fue desde el punto estrictamente jurídico porque algunos decían que debíamos crear un tribunal especial para atender el caso. Yo dije que es un caso como los demás y que debe ser juzgado por los tribunales comunes. Si creamos un tribunal especial, nos pueden acusar de violar el artículo 35 de la Constitución Política, que prohíbe crear tribunales ad hoc para un caso concreto.
"Porque en lo demás yo siempre consideré que el proceso se salía de la normalidad."
-¿Estaba preparado el Poder Judicial para afrontar una causa de esas dimensiones?
-En la parte penal sí, porque frecuentemente estamos capacitando en esa materia. Pero cuando nos llega esta clase de delincuencia, llamada de cuello blanco, utilizando ciertos medios informáticos y de otra índole que no eran conocidos en nuestro ámbito, sí podríamos admitir que no teníamos una capacitación óptima. Y ha habido que insistir en ella para preparar a nuestros funcionarios en todos esos casos.
-¿Qué medidas concretas en materia de capacitación han tomado para atender el caso del Anglo?
-Se le pidió a la Escuela Judicial que diseñara cursos sobre estos aspectos para poder darle una preparación mayor de la que han tenido estos funcionarios.
Atención del caso
-Un análisis del proceso, elaborado por el especialista en derecho procesal penal José María Tijerino, reveló que de diez resoluciones -la mayoría dictadas por el exjuez Bernán Salazar- apeladas por la defensa, solo la mitad fueron confirmadas en todos sus extremos por el Tribunal Superior. ¿Qué opinión le merece este resultado?
-Imagínese que haya habido una disparidad de criterio entre el juez instructor y el Tribunal de Apelación.
No siempre el superior, por ser el superior, tiene la razón. Ha habido casos en que la resolución correcta ha sido la del inferior.
-El caso del Anglo ha pasado por las manos de varios fiscales desde que se inició. ¿No cree que esa inestabilidad puede afectar negativamente el seguimiento del caso?
-Eso depende del jefe del Ministerio Público. Entiendo que don Carlos Arias, de acuerdo con lo que me ha conversado, está estableciendo y organizando áreas de especialización en grupos de fiscales, precisamente con miras a la estabilidad y al mejor rendimiento.
-¿No cree que es tarde empezar esa tarea tres años después de iniciado el proceso?
-Esa opinión sería muy subjetiva. Y me podrían decir que estoy inclinándome a favor de la determinada parte. Yo me quedo con lo que he contestado.
-¿Cree que existe un desbalance entre las posibilidades de recursos y tiempo con los que cuentan la defensa privada y el Poder Judicial para atender el caso?
-Claro que sí, porque quien tiene dinero puede pagar los mejores abogados expertos en la materia. Nosostros no podemos competir en el aspecto salarial con ellos.
