EscucharNUEVO LAREDO, México (AFP) Después de la ejecución el martes de José Ernesto Medellín, más de 50 mexicanos, incluidas dos mujeres, están en el corredor de la muerte en Estados Unidos, 17 de ellos tan sólo en el estado de Texas y la gran mayoría ellos pugnando por la revisión de sus casos.
El gobierno de México ganó en 2004 una demanda contra Estados Unidos ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y logró que la corte ordenara reponer los procesos judiciales y revisar las sentencias de 51 mexicanos que enfrentaban la pena de muerte en el país del norte, entre los que se encontraba Medellín.
Medellín, originario de Nuevo Laredo (noreste), fronteriza con Estados Unidos, fue condenado a muerte en 1994 por la violación y asesinato de Jennifer Ertman, de 14 años, y Elizabeth Peña, de 16, a las que según la justicia él y otros cinco miembros de su pandilla violaron, golpearon y asesinaron ahorcándolas con un cinturón.
Sin embargo, México ha denunciado que las autoridades de Texas violaron la Convención de Viena al no concederle a Medellín el derecho de asistencia consular desde el momento de su detención.
Ahora, Ramiro Hernández Llanas, de 38 años y también originario de Nuevo Laredo, espera la hora de ser ejecutado con inyección letal en Huntsville, Texas.
En la Corte de Distrito 216 de Banderas, Texas, un jurado popular lo declaró culpable del asesinato de Glen H. Leich, un abogado y profesor universitario de la comunidad de Kerrevile, el 14 de octubre de 1997.
Mauro Israel Ortiz, también de Nuevo Laredo, está preso en el penal del Condado de Harris, Texas, y es señalado como autor de un homicidio y asalto con todas las agravantes de la ley.
La lista de los 53 mexicanos condenados a muerte en Estados Unidos muestra que Jalisco y Michoacán (este) son los estados con mayor número de oriundos condenados a la pena capital, le sigue Chihuahua (norte) y posteriormente Tamaulipas (noreste).
En la lista destacan también dos mujeres: Dora Gudiño Zamudio, de Zapotiltic, Jalisco, presa en la Central California de Chowchilla, California, sentenciada en 2006, y Magdalena Salazar Nava, de Jerez, Zacatecas, detenida en la cárcel de San Quintín, en San Francisco, California.
La mayoría de los sentenciados claman para ser beneficiados por el fallo de la CIJ a fin de que se revisen sus procesos judiciales.
© 2008 AFP
