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La existencia de un plan para secuestrar a varios magistrados por parte de una violenta banda vinculada con el asalto de varios vehículos remeseros del Banco Nacional de Costa Rica y de la empresa Segura Valores, confirmó ayer el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Edgar Cervantes Villalta.
El funcionario dijo haber sido informado del caso por la subdirectora del OIJ, Lineth Saborío, quien, empero, no mencionó el nombre de otros altos funcionarios judiciales en la mira de los delincuentes.
"Yo no sabía nada de eso. Si noté que reforzaron la seguridad en la Corte y que cuando salgo del edificio siempre hay un vigilante cerca, incluso en los pasillos del quinto piso de la Corte reforzaron la seguridad", declaró Cervantes ayer, a las 10:35 a.m., en la Corte.
Pese a ello, el magistrado reconoció que "se oían" comentarios acerca del eventual secuestro de funcionarios judiciales pero, insistió en que nunca creyó estar en la lista de una poderosa organización mafiosa, entre cuyos principales integrantes figura un exagente del Organismo de Investigación Judicial.
Se trata de Enrique Fallas Elizondo, hermano de Guillermo y Gilberto, dos de los líderes del denominado "Comando de la Muerte", que secuestró, entre el 26 y el 29 de abril de 1993 a 19 personas, a la mayoría de magistrados, en la Corte Suprema de Justicia.
De acuerdo con informes en poder del OIJ, la banda, ocho de cuyos presuntos miembros fueron detenidos el 12 de noviembre último -se cree que están en fuga al menos 22 hombres más- es vinculada con una ola de violentos asaltos contra vehículos remeseros y una agencia del Banco Cooperativo (BANCOOP).
Entre abril y octubre último, dicha organización mafiosa -mediante asaltos con ametralladoras AK-47- se apoderó de 㽾 millones, dinero que, según pesquisas policiales, utilizarían para la compra de más armas y el financimiento de ataques y secuestros que les permitirían exigir la liberación de los hermanos Fallas Elizondo.
Ayer no fue posible precisar con el OIJ si la banda planeaba capturar a los magistrados mediante en ataque al edificio de la Corte, o bien, interceptándolos en sus casas.Temen nuevos golpes
Mientras tanto, ayer trascendió que al menos 22 hombres, todos con experiencia en el manejo de armas de grueso calibre y también vinculados con los atracos cometidos contra vehículos remeseros, estarían preparando nuevos golpes.
La policía judicial analizaba ayer informes acerca de la posibilidad de que el grupo -parcialmente desmembrado con la detención de ocho cómplices- se trasladara a un sitio no precisado de la zona norte del país para perpetrar nuevos atracos.
Entre los sospechosos en fuga destacan varios vecinos de puerto Limón, uno de ellos de apellido Picado, con amplio historial delictivo. También son buscados varios panameños, confirmó ayer un vocero judicial.
Extraoficialmente, se dijo en medios judiciales que entre los blancos en la lista de la banda estarían empresas mineras de San Carlos y Guanacaste.
Colaboró con esta información Fernando Gutiérrez Coto, corresponsal de La Nación en Cartago.
