Las detenciones de varios funcionarios del área de licencias del MOPT realizadas hace unos meses, a las que se les suman las de numerosos oficiales de tránsito, son muestra de que es hora de que las autoridades policiales y los jefes inmediatos de estos personajes se despabilen porque frente a sus narices, durante años, se han venido cobrando mordidas en las carreteras y entregando miles de licencias falsas u obtenidas por medios ilegítimos.
Los escasos intentos que se habían hecho en administraciones anteriores para desgajar el descarado negocio, fueron boicoteados por el mismo sistema; ojalá estos casos sí tengan el desenlace debido y que la prensa les dé seguimiento para poder enterarnos.
El pago de cualquier favor para evitar un castigo o para conseguir un permiso, daña la moral ciudadana. Pero esa práctica es especialmente preocupante en el caso de la obtención de la licencia de conducir, que constituye uno de los primeros contactos que tienen los jóvenes con la Administración Pública, en su paso hacia la vida adulta.
Lección para engañar. En este momento, ese trámite ofrece a la mayoría una lección de cómo engañar, de cómo corromper y de cómo quebrar las reglas. ¡Tremendo bautizo de ciudadanía! Una perla de formación cívica a la tica. Los adolescentes de 17 y 18 años se pasan los volados de cómo hacer para pasar las pruebas, tanto escrita como práctica, porque saben que la creatividad de los examinadores para ponerles trampas y forzarlos a pagar, es ilimitada. La pericia y el conocimiento en materia vial no son lo que cuenta: es vox populi que, sin mordida, es casi imposible aprobar y obtener la licencia. Por el contrario, el que paga, sea buen conductor o no, siempre pasa.
Los que se empeñan en mantenerse firmes contra la ilegalidad, terminan mártires, resistiendo meses de espera y varios intentos fallidos; tristemente, muchos, en un principio bien intencionados, se frustran y se pliegan al régimen abusivo, a menudo con la aquiescencia de sus padres, con lo que siguen alimentando el fuego de la sinverguenzada.
No nos debe extrañar que en el futuro estos nuevos ciudadanos evadan impuestos, paguen propinas a los inspectores municipales y a los gavilanes de todas las filas que hay que hacer en este país; es decir, que pasen a ser parte del problema y no de la solución.
Este patrón es reforzado por la cultura de obtener todo fácil y ya, y es promovido por nuestro sistema a través de malos salarios, exceso de trámites, control deficiente o, lo que es peor, complaciente, y una desnutrición ética generalizada, tanto en el bando de los funcionarios como en el de quienes promueven su conducta.
Peligro. Otra arista preocupante de este tema es que, mientras no se erradique el pago de propinas, el Estado no nos está garantizando que quienes tienen licencia, están capacitados para conducir y no constituyen un peligro para su vida y la de los demás.
Las detenciones de funcionarios corruptos son esperanzadoras; pero no dejan de ser acciones aisladas, insuficientes por sí solas para desincentivar a corruptos y a corruptores. Hace unos meses, en el marco de un foro gubernamental y de la OEA, como parte del esfuerzo para disminuir los actos indebidos en la función pública, la Procuraduría General de la República propuso endurecer las penas contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito; también se recomendó la promulgación de un Código de Ética para el sector público.
Es urgente poner en práctica estas ideas en sintonía con un programa educativo en valores a nivel de escuelas y colegios, así como mediante una campaña mediática de promoción de valores, con la necesaria colaboración del sector privado. El esfuerzo debe ser orgánico; de lo contrario, será infructuoso.