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Quienes acostumbran a ingerir bebidas alcohólicas en las calles o los sitios públicos se exponen ahora a una multa de hasta ¢180.000.
Así lo determina la nueva ley de licores que rige desde este miércoles tras ser publicada el diario oficial La Gaceta .
Con la aprobación de esta norma queda prohibido el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública y se sancionará con una multa de medio salario base a quien lo haga (el salario base equivale hoy a ¢360.000).
La legislación aprobada establece un nuevo marco legal que regula el otorgamiento de licencias para la venta de licor así como sanciones y prohibiciones a quienes se dediquen a esa actividad.
El artículo 9.° establece la prohibición del consumo de bebidas con contenido alcohólico en vías y sitios públicos, salvo cuando se realicen fiestas cívicas, populares, patronales, turnos o ferias.
Lo complementa el artículo 20.°, el cual estipula la citada multa como sanción.
Esta es tan solo una de las nuevas sanciones y regulaciones que incluye la ley N.° 9.047, de Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico.
La ley, además, impone otras multas. La más alta castiga con el pago de hasta ¢5,4 millones a quienes vendan licor a menores, y prohíbe traspasar a terceros los permisos dados para expender licor.
La nueva legislación se aprobó el 7 de junio en el Congreso con el voto de la mayoría de los diputados, y la firmó la mandataria, Laura Chinchilla, el 25 de junio.
No obstante, la ley cobró vigencia este miércoles 8 de agosto, cuando se publicó en el alcance 109 del diario oficial La Gaceta.
El nuevo texto otorga la mayoría de potestades a los municipios, que tendrán mayor control y autorización sobre las ventas de licores, y recibirán más beneficios económicos de ese negocio.
Atrás quedaron las patentes que, según dirigentes municipales, hasta hoy han representado pérdidas para sus entidades y han fomentado un “mercado negro”.
Ahora, las municipalidades podrán entregar nuevos permisos o “licencias”, que se clasifican según sea el establecimiento en que se expenderán las bebidas alcohólicas.
El alcalde josefino, Johnny Araya, calificó ayer la nueva ley como “muy buena”. “La norma permite mayor flexibilidad a los municipios, que van a poder regular los ingresos y controlar las licencias de licores. Ya se han girado instrucciones a los inspectores y los policías municipales para que hagan cumplir la ley”, expresó Araya.
Para el jefe de fracción del Partido Unidad Social Cristiana, Luis Fishman, la nueva norma incluye algunas cosas positivas. “Sin embargo, no creo que sea la ley que requiere el país”, añadió.
Por su parte, la diputada Yolanda Acuña, del Partido Acción Ciudadana, quien defiende el texto, dijo que “la ley apuesta a los gobiernos locales para que sean ellos los que regulen este mercado cantón por cantón”.
