EscucharSorpresivamente y con el argumento de que la compra de armas a Israel debe ser transparente para contar con la confianza del pueblo, el Gobierno derogó ayer el decreto ejecutivo mediante el cual se declararon secretos todos los registros de armas, el 30 de abril pasado.
El levantamiento del secreto de Estado -que constituye un viraje total del criterio seguido por la administración Figueres durante varios meses- afecta principalmente una millonaria compra de armas por ¢1.076 millones que se tramita desde marzo pasado con la Industria Militar de Israel (TAAS), la cual era objeto de una encendida polémica.
La derogatoria -publicada ayer en el alcance 42 de La Gaceta- fue revelada por los ministros de Seguridad Pública, Bernardo Arce Gutiérrez, y de Justicia, Juan Diego Castro Fernández, en una conferencia de prensa, en la sección aérea del Ministerio de Seguridad, en la que mostraron parte de un equipo policial y armas compradas a TAAS y que ingresaron al país, vía aérea, el sábado 20 de julio. Este equipo representa un 15 por ciento del total de la negociación.
Al justificar la exhibición de parte de ese material, los ministros arguyeron que "de cara a las nuevas circunstancias es conveniente que no quepa la menor duda sobre esta negociación".
En la actividad, los ministros entregaron copias del alcance 42 a La Gaceta 142 del viernes 26 de julio, en el que se publica el decreto 25363-SP que deroga los decretos ejecutivos 25127-SP, del 30 de abril de 1996, y 25180-SP, del 14 de mayo de 1996.
Aunque aprobaron la decisión del Gobierno, representantes de distintos sectores consultados ayer por La Nación opinaron que el Ejecutivo debe hacer del conocimiento público toda la información referente a la compra de armas a Israel.
El pasado 2 de junio fueron despachados hacia Miami, en el barco Senator, 16 contenedores con municiones obsoletas que, según esa negociación, fueron cambiadas por armas y equipo policial nuevo a la Industria Militar de Israel. Ocho días después, Aviación Civil giró a esa misma compañía otros ¢143 millones para el mismo fin.
La noticia del levantamiento del secreto sobre las armas se produce en momentos en que Sala Cuarta mantiene en estudio una acción de inconstitucionalidad que presentaron los diputados opositores Carlos Fernández y Alejandro Chaves contra el decreto.
Además, está pendiente otra acción similar del diputado socialcristiano Gonzalo Fajardo, quien impugnó un acuerdo del Consejo de Gobierno para que la Corporación Costarricense de Desarrollo (CODESA) -empresa estatal en proceso de quiebra-donara ¢1.300 millones para un programa de seguridad ciudadana, que incluía unos ¢750 millones para armas.
El presidente José María Figueres, consultado ayer en Sandillal de Cañas, Guanacaste, cuando asistía a la inauguración de un puente sobre la represa Miguel Pablo Dengo, argumentó que derogaron el secreto para disipar dudas sobre la compra del armamento a Israel. "Abrimos las cajas del primer embarque para demostrar que no hay nada que ocultar", dijo.
Figueres advirtió que la derogatoria no abarca los registros relacionados con marcas y placas de autos antidrogas incluidos en el decreto.
Transparencia
Arce y Castro insistieron en la transparencia de la negociación con Israel, según ellos, supervisada siempre por la Contraloría General de la República. Para demostrarlo, entregaron un acta que menciona la inspección efectuada por auditores de esa dependencia de los 16 contenedores embarcados a Miami el 2 de junio anterior.Castro, quien fue el principal artífice de la negociación con Israel, argumentó que el Gobierno declaró secreta la adquisición del armamento basado en la realidad de ese momento y en los peligros que significaba entregar la información al hampa.
"Esto que ven aquí es la muestra de que nosotros no estamos trayendo equipo militar, sino básicamente policial", precisó Arce al mostrar parte del material recibido el 20 de julio.
Precisó que en este primer embarque llegaron 800 pistolas Jericho de 9 mm, 72 subametralladoras mini Uzis y 250 ametralladoras Uzis, que calificó como de uso policial.
Adujo que aunque el Gobierno estimó que no era conveniente dar este tipo de información, ahora se tiene la convicción de que la confianza del pueblo es más importante para demostrar que el equipo que vino es para que la policía lo defienda.
El Ministro añadió que estos materiales fueron pagados con los ¢143 millones girados en junio pasado por Aviación Civil y que aún falta por ingresar el equipo policial y las armas pagadas mediante el canje de las municiones obsoletas.
Sobre el resto de la compra a Israel, Arce explicó que incluye otras armas, más equipo policial y municiones. Adelantó que estos materiales ingresarán por barco en la segunda semana de agosto.
Manifestó que se incluyen armas especiales para la lucha contra el narcotráfico y admitió que también vienen unas ametralladoras israelíes marca Neguev.
"Se trata de un armanento calificado que usa la policía de Colombia, Brasil y Argentina y que se encuentra estandarizado dentro de las fuerzas de policía de Centroamérica", explicó Arce.
Decreto 25363-SP
El Presidente de la República y el Ministro de Seguridad Pública
Considerando
Unico.-Que si bien los aspectos relativos, entre otros, a la adquisición, permuta o donación de armas y municiones del Estado, así como los datos que deben rendirse sobre las armas o municiones a dependencias del Ministerio de Seguridad Pública, u otras instituciones del Estado, constituyen aspectos estrechamente vinculados con la tarea de la defensa nacional y del régimen democrático que la Constitución Política asigna al Poder Ejecutivo, lo que obliga a tomar medidas que resguarden el cumplimiento de ese cometido; es igualmente esencial garantizar la confianza pública en sus instituciones y la total transparencia en la tramitación de los procedimientos de la contratación administrativa.
Por tanto decretan
Artículo 1. Se derogan los decretos ejecutivos números 251-27-SP del 30 de abril de 1996, así como número 25180-SP del 14 de mayo de 1996.
Artículo 2. Rige a partir de su publicación.
Dado en la Presidencia de la República, San José, a los 16 días del mes de mayo de 1996.
José María Figueres Olsen. El Ministro de Seguridad Pública, Bernardo Arce Gutiérrez.
Metamorfosis de un secreto
El secreto de Estado emitido por el Poder Ejecutivo en abril de este año, en relación con la compra de armas, pasó por un intenso período de críticas antes de ser derogado. Estos son los hechos principales.
30 de abril de 1996. El presidente de la República, José María Figueres, y el entonces ministro de Seguridad, Juan Diego Castro, emiten el decreto ejecutivo 25127-SP, en el cual declaran secreto de Estado, los expedientes para la adquisición de armas y municiones del Estado y los informes sobre ese particular. Establecía sanciones penales para quienes lo incumplieran.
7 de mayo. Dos diputados del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) impugnan ante la Sala Constitucional la resolución ejecutiva que declaró el secreto de Estado.
14 de mayo. El Poder Ejecutivo emite el decreto No. 25180-SP, que modifica el del 30 de abril. En él se establece que a quienes revelen el contenido de los archivos o informes finales declarados secretos de Estado, se les aplicará las sanciones estipuladas en las leyes nacionales.
17 de julio. El presidente Figueres y el actual ministro de Seguridad, Bernardo Arce, derogan (con el decreto No. 25363-SP) los dos decretos ejecutivos anteriores por considerar que es "esencial garantizar la confianza pública en sus instituciones y la total transparencia en la tramitación de los procedimientos...".
