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Con el nuevo Gobierno son múltiples los sentimientos que nos embargan a los costarricenses. El principal y el que nos une es la esperanza. Habrá que continuar con programas y proyectos que beneficien a nuestra gente. Estas acciones públicas tendrán como fin principal mejorar las condiciones de vida de todos los costarricenses.
Este fin va más allá de la ejecución presupuestaria de programas y proyectos, su control, o la realización de las actividades establecidas en los planes operativos de las instituciones públicas. Deseamos cambios significativos en la vida de las personas. Queremos que logren mayores oportunidades en la vida, y, en el mejor de los casos, salirse del ciclo de la pobreza.
La valoración de los cambios generados por las políticas públicas, requiere del análisis de resultados, del estudio de las relaciones y procesos complejos, a través de los cuales la disciplina de evaluación determina los efectos y los impactos sobre las poblaciones a las que va dirigida la aplicación de bienes y servicios públicos. Por supuesto, requiere la clarificación de criterios e indicadores pertinentes, de manera que estos sean facilitadores de la gestión de gobierno, y con sentido para la mayoría de los costarricenses.
Servicios de la evaluación. No cabe duda de la importancia de los servicios que ofrece la evaluación para el buen gobierno y el fortalecimiento de la democracia. Su papel en la rendición de cuentas y la responsabilización sobre los resultados. En la determinación de la eficacia que tuvieron las políticas para mejorar nuestro nivel de vida. Mejoraría la confianza en el Gobierno, y aportaría el conocimiento para el ajuste de la agenda del desarrollo nacional.
La evaluación democrática ofrecería espacios de participación a los actores sociales involucrados e interesados en la gestión de Gobierno. Mejoraría el entendimiento del contexto nacional y global en el que se ejecutan las acciones de Gobierno, así como los aspectos que limitan o impulsan su gestión.
Nuestra Presidenta tiene la oportunidad erradicar el temor y la apatía sobre la función de la evaluación en la administración pública. Su aporte impactaría en la vida de todos los costarricenses, a través del fomento de una cultura de evaluación en el sector público.
El punto central debe ser la institucionalización de la evaluación en su función transformadora de nuestra realidad social, de manera que los diferentes niveles de gestión compartan y se comprometan con los procesos evaluativos.
Evaluación periódica. El fortalecimiento del marco normativo donde se establezca la necesidad de que todos los programas públicos sean evaluados periódicamente, por una entidad que goce de independencia, a través de personal externo al sector gubernamental, y que se garantice los recursos financieros necesarios para llevar a cabo las evaluaciones.
Las evaluaciones deberán facilitar la participación de todos los actores involucrados en la determinación de los impactos generados. De manera que sus resultados contengan evidencia válida para la formulación de la política pública.
La formación o capacitación del personal público en temas de evaluación, será necesaria para formulación e implementación de los sistemas de seguimiento y evaluación; basados en el empoderamiento y el aprendizaje.
También requerimos del fortalecimiento de los sistemas nacionales y de las unidades institucionales de evaluación, de manera que se rescate la experiencia y las lecciones aprendidas; se revise la función de evaluación en el ámbito de la gestión pública basada en resultados, con el fin de mejorar la eficacia de nuestros programas públicos.
