EscucharMe ha llamado la atención que a los honorables jerarcas del Poder Judicial que recién viajaron a China les agradó mucho que nuestro sistema judicial posea sistemas tecnológicos similares a los de aquel país y, además, les impresionó la eficiente rapidez con que resuelven los asuntos; sin embargo, debe indicarse que –aquí y en China– esa celeridad no necesariamente es sinónimo de eficacia.
Los avances tecnológicos no garantizan la calidad y el resultado exitoso de lo que se resuelva, y tampoco el respeto a los derechos humanos. Esta tecnología implementada a los sistemas de justicia tiene un impacto positivo siempre y cuando se tutelen los derechos y garantías de las partes que intervienen en los procesos judiciales. En la materia penal, lo ideal es que las víctimas e imputados no vean menoscabadas sus posibilidades de obtener justicia pronta, pero, sobre todo, justicia cumplida.
En Costa Rica, en los últimos años, se ha dado una implementación combinada de tecnología, oralidad y –por razones de austeridad económica– una política de “cero papel”. Así, hoy día se graba en CD y DVD casi todo lo que acontece en los procesos y se han ido eliminando paulatinamente los expedientes impresos en papel.
No obstante, se torna un desperdicio y una verdadera afrenta al principio de Acceso a la Justicia cuando se invierte tanto dinero en la compra de sistemas ultramodernos de video y de audio, con la mejor tecnología de punta, si estos no están al alcance de todos los usuarios del Poder Judicial. Y es que los CD y DVD donde se graban esas audiencias orales, resoluciones y hasta expedientes digitalizados de forma completa, no pueden ser vistos actualmente por todos los ciudadanos en razón de que no poseen los equipos para reproducirlos o no saben utilizarlos.
Tampoco es positivo jactarnos de tener la última tecnología, cuando los funcionarios judiciales decrecen en sus conocimientos jurídicos y en sus aptitudes vocacionales e intelectuales; y, aunque manejen de forma perfecta la tecnología, si no resuelven adecuadamente los conflictos sometidos a su jurisdicción, por más rápido que lo hagan, la justicia resulta ineficaz.
Hace muy poco estuve en una audiencia oral donde la jueza, quien poseía un moderno sistema de grabación, prefirió dictar una resolución atropellada y arbitraria (en menos de cinco minutos), cuando lo evidente era –como lo pedían en esa oportunidad la mayoría de las partes y el mismo Ministerio Público– resolver el asunto en otra dirección. Sin embargo, fue obvio que esto último le hubiera significado a dicha juzgadora una mayor dedicación y esfuerzo intelectual, el cual soslayó “eficientemente” a través de la oralidad y de su registro en soportes informáticos. Ergo, “el frío no está en las cobijas” y tampoco en la tecnología.
Me consta que dicha tecnología ha permitido a varios funcionarios judiciales “quitarse de encima” rápidamente los expedientes resolviéndolos de forma oral, respaldando dichas resoluciones en discos (para ahorrarse su redacción) y facilitándoles de forma inmediata a las partes los registros de todo lo acontecido; creyéndose erradamente que eso es “eficacia” judicial. Lo anterior se prefiere, en vez de tomarse el tiempo necesario para estudiar y valorar adecuadamente los hechos y las pruebas, sustentándose ampliamente las decisiones, con el fin de resolver lo que corresponda en buen derecho.
La oralidad y la tecnología no garantizan jamás una justicia eficaz y respetuosa de los derechos humanos. Y, aunque sea motivo de orgullo para nuestros compatriotas compararse con los avances tecnológicos del sistema judicial chino, no puede “taparse el sol con un dedo” e ignorarse los vejámenes que sufren sus ciudadanos en contra de los derechos humanos “gracias” a esa “eficiente” tecnología, que bien puede resultar “un sable de doble filo” y no ser eficaz.
