EscucharAsfixiada por poca liquidez, altas deudas y bajas ventas, la empresa de venta de vehículos, repuestos y lubricantes Lachner & Sáenz solicitó ayer, ante el Juzgado Quinto Civil de San José, la administración por intervención judicial.
La petición, de 20 páginas y un gran legajo de anexos con estados financieros de la compañía, deberá ser conocida en los próximos cinco días por el juez Frank Araya. En ese plazo tendrá que rechazarla o darle curso.
La decisión de la empresa afectó a los poseedores de certificados de inversión que vencían ayer pues no se pagaron los intereses ni el monto principal.
De aprobarse el procedimiento judicial, durante tres años el destino de la empresa estaría en manos de un curador -designado por el Juzgado-, en coordinación con los actuales dueños y funcionarios administrativos.
En ese período, la sociedad no repartirá utilidades ni pagará sus deudas, las cuales ascienden a aproximadamente ¢9.000 millones, indicó ayer Carlos Lachner, presidente de Lachner & Sáenz (L&S).
Casi la mitad de esos pasivos, alrededor de ¢3.800 millones, corresponden a inversionistas individuales poseedores de certificados. Según Mario Lachner, vicepresidente ejecutivo, alrededor de un 80 por ciento de estos inversionistas poseen títulos por menos de ¢1 millón cada uno.
A la empresa japonesa Itochu, que financia la importación de vehículos y respuestos del fabricante, se le adeudan $12 millones (unos ¢2.568 millones al tipo de cambio actual).
Además se deben $2 millones -¢428 millones- a bancos extranjeros. Unos ¢2.200 millones se le adeudan a bancos privados locales y proveedores.
A todos los acreedores, L&S les ofreció un plan que consiste en que la totalidad o parte de esa deuda se transforme en acciones de la empresa. "Quienes capitalicen serán aquellos que creen que saldremos bien de este proceso", dijo Lachner.
Reacciones
La noticia impactó al medio financiero, a funcionarios del Poder Ejecutivo y empresarios, aunque desde hace dos años circulaban rumores sobre los problemas económicos de L&S.
El presidente de la República, José María Figueres, dijo que al pedir la administración por intervención judicial prevalece en la compañía la responsabilidad pues le permitirá honrar sus obligaciones con el tiempo. Además, al resaltar el mecanismo ofrecido a los acreedores, solicitó a la firma que favorezca a los inversionistas, principalmente a los pequeños.
El primer vicepresidente y coordinador del equipo económico, Rodrigo Oreamuno, afirmó que los problemas de L&S venían desde hace años y que sus dueños procuraron solucionarlos. Admitió que lo ocurrido puede "resentir" a la economía.
Empero, distintos empresarios culparon del problema a la recesión en la producción latente desde 1995.
Carlos Murillo, gerente de la Comisión Nacional de Valores (CNV), indicó que lo ocurrido en L&S era "un secreto a voces".
"Es una empresa que ha venido manifestando los problemas propios de la recesión", aseguró. Añadió que evaluarán con más detalle la propuesta de capitalización para los acreedores.
El gerente de la Clasificadora de Títulos y Valores, Guillermo Zúñiga, expresó que es de esperar un efecto fuerte en el mercado de valores en términos de confianza.
Para Roberto Venegas, gerente de la Bolsa Nacional de Valores, aunque esta no es una buena noticia para el sector financiero, al menos se promueve un sistema diferente para los acreedores. "Las empresas deben buscar capitalizarse con recursos de largo plazo", enfatizó.
Esfuerzos de arreglo
Carlos Lachner enfatizó que la compañía cuenta con suficientes activos -¢12.000 millones- para cubrir sus obligaciones.
Explicó además que se hicieron grandes esfuerzos por sanear a la empresa. Hace 18 meses se inició una reestructuración basada sobre todo en la venta de parte de esos activos, pero no rindió los resultados esperados por lo lento del proceso.
La decisión de acogerse a la administración judicial fue adoptada en asamblea de accionistas, efectuada el domingo pasado.
Obedeció, según Lachner, a que un arreglo negociado con los acreedores del exterior avanzaba lentamente, debían hacer frente a pagos por $1 millón a los inversionistas el 1°ree; de octubre próximo y no tenían recursos, además de que la Clasificadora de Títulos y Valores bajó el sábado pasado la clasificación del riesgo de sus títulos de B a C.
Según Zúñiga, esto se debió a que se les comunicó que la negociación con los acreedores extranjeros quedaba suspendida. La letra C es para los títulos con incierta capacidad de pago.
Consultado Carlos Lachner sobre el hecho de que la solicitud hubiera sido planteada en momentos en que la Asamblea Legislativa dio el primer debate a una ley que reforma el procedimiento de administración por intervención judicial, dijo que no podían esperar a que se ratifique esa ley.
Respecto a una mala administración, manifestó que el error fue que la empresa se diversificó y que eso no rindió los frutos esperados, además de que no se previó la situación recesiva actual. Las ventas en lo que va del año han caído un 50 por ciento.
- Empresarios culpan a la recesión económica
La difícil situación económica que afronta nuestro país fue señalada, ayer, como la responsable número uno de la crisis que llevó a la corporación Lachner & Sáenz a solicitar la administración por intervención judicial.
Este criterio fue expresado por los presidentes de tres organizaciones empresariales: Jaime Guardia, de la Cámara Textil y de Confección (CATECO); Humberto Pacheco, de American Chamber of Commerce of Costa Rica, y Antonio Burgués, de la Cámara de Exportadores.
A estas voces se sumó la de Arnoldo Uribe, vicepresidente de la Cámara de Comercio. Entre tanto, Manrique Mata, gerente de mercadeo de Purdy Motor S.A. -compañía que compite con Lacnher & Sáenz en la venta de autos- manifestó que la recesión "puede ser un factor" pero que se trata de un caso que hay que estudiar con detenimiento para dar una respuesta.
Para Humberto Pacheco, esta experiencia indica que la economía costarricense tiene problemas que deben ser resueltos para que no ocasionen conflictos mayores. El más identificable, según él, es la elevada deuda interna.
En opinión de Jaime Guardia, este hecho pone de manifiesto que la gente se está preocupando por comer en vez de comprar artículos suntuosos. Con él coincidió Burgués, quien dijo que esto hay que tomarlo como una llamada de atención sobre la restricción de liquidez que enfrentan los comerciantes a causa de la contracción en la demanda.
Igual criterio expresó Arnoldo Uribe. Dijo que la venta de automotores ha bajado "tremendamente". Empero, advirtió que la Cámara de Comercio se opone a la actual ley de administración por intervención judicial por considerarla perjudicial para el sistema financiero.
Información elaborada por los periodistas Yanancy Noguera, Lorna Chacón, José David Guevara y Wílliam Méndez.
