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La posibilidad de volver a la función pública quedó vedada para la exjerarca del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Karla González Carvajal, al menos por los próximos cuatro años.
Su inhabilitación comenzó a regir el 7 de julio, según se publicó el jueves en el diario La Gaceta.
Esta fue la sanción que le impuso la Contraloría General de la República (GCR) tras el procedimiento administrativo que le siguió por otorgar, en marzo de 2007, un permiso temporal a la Asociación de Desarrollo Integral de Paquera (ADIP) para el servicio de cabotaje a Puntarenas. Esto, pese a que la Naviera Tambor ya tenía una concesión para ese mismo fin.
La autorización a la ADIP, además, se dio sin que se realizaran estudios técnicos, requisito que estableció la propia Contraloría para que se dieran otros permisos.
Pese a las consecuencias de su decisión, la exministra González consideró ayer que el permiso temporal dado a la ADIP era necesario en aquel momento para detener protestas en la comunidad y asegurar un servicio público.
“Lo que quiero que quede claro es que la resolución que puso punto final al conflicto, se hizo tomando en consideración los criterios de la Contraloría, pero omitiendo el requisito de estudios técnicos que no se podían hacer en ese momento”, explicó la exjerarca del MOPT.
Fue insistente en que el permiso se otorgó con la anuencia de la Naviera Tambor, pues no podía brindar el servicio debido a la oposición de los vecinos de Paquera.
No obstante, ese consentimiento nunca constó en un documento.
Sin aspiraciones. Este viernes, González adelantó que sus abogados analizan el caso para impugnar esta decisión en los tribunales.
“La sanción no afecta ningún tipo de aspiración política. Lo que duele es que no es una sanción política , sino que llama la atención sobre lo complejo que es estar en el Poder Ejecutivo, visto desde ópticas de escritorio frío, años después de que se toman las resoluciones”, externó la exfuncionaria.
González ocupó el cargo de ministra de Obras Públicas y Transportes, entre mayo del 2006 y noviembre del 2009, durante la administración Arias Sánchez.
Actualmente, ella realiza consultorías sobre seguridad vial en otros países de América Latina.
El caso. La Contraloría abrió de oficio la investigación a González, luego de una sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo dictada en agosto del 2008.
Ese fallo condenó al Estado al pago de daños y perjuicios causados a la Naviera Tambor por el permiso otorgado la ADIP para dar el servicio de cabotaje.
González explicó que la Naviera acudió a los tribunales porque la Asociación pretendió continuar en operación, una vez vencido el permiso temporal.
“En lo que quiero insistir es en que mi resolución no puso en peligro la hacienda pública, porque en esos nueve meses el concesionario nunca puso ningún tipo de demanda”, añadió.
Aparte de esta batalla que, segun dice, va a continuar en los tribunales, ella debe enfrentar causas por hechos ocurridos durante su gestión.
