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BRASILIA (AFP) - El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil empieza a tratar el miércoles una masiva denuncia de corrupción contra 40 personas, entre quienes figuran varios ex estrechos colaboradores del presidente Luiz Inacio Lula da Siva, en un caso en el que se juega también la maltrecha credibilidad de la justicia.
En tres sesiones, el STF deberá decidir si da cauce a la denuncia formulada en marzo de 2006 por el Procurador General de la República, Antonio Fernando de Souza, por cargos de lavado de dinero, evasión de divisas, corrupción activa y pasiva, peculado y formación de banda.
El esquema, conocido como "escándalo de las mensualidades", habría permitido al oficialista Partido de los Trabajadores (PT, izquierda) sobornar diputados en 2003 y 2004.
El dinero, estimado en por lo menos 55 millones de reales (27,5 millones de dólares al cambio actual) fue obtenido por el publicitario Marcos Valerio a través de dos bancos, aunque de acuerdo con las denuncias procedería del desvío de fondos de empresas estatales.
Figuran en la lista de acusados el ex jefe de gabinete de Lula, José Dirceu, así como peces gordos del PT, como su ex presidente José Genoino y el ex Tesorero Delubio Soares; todos ellos renunciaron a causa de las denuncias, ventiladas en 2005 por el diputado Roberto Jefferson, hasta ese momento un cercano aliado de Lula.
Jefferson forma parte de la nómina de acusados, junto a diputados petistas y de cuatro partidos aliados, banqueros y empresarios.
Según la denuncia, "el núcleo principal" de la banda fue formado por Dirceu, Genoino, Soares y el ex secretario general Silvino Pereira, con el fin de "garantizar la continuidad del proyecto de poder del PT".
El presidente Lula no figura en la lista, por falta de pruebas.
El procurador Souza apretó el cerco el miércoles, presentando ante la justicia civil denuncias de "improbidad administrativa" contra 37 personas (35 incluidas en la lista que será juzgada por el STF) de los cinco partidos implicados, para obtener la restitución de los 55 millones de reales.
El PT reconoce que tenía una contabilidad paralela para financiar campañas electorales, pero niega haber sobornado diputados.
Los once ministros del STF no sólo serán jueces del mayor escándalo de corrupción de la historia brasileña por el número de implicados; también estarán en la mira de la sociedad, azorada ante la cantidad de denuncias que se eternizan en los tribunales o que permanecen impunes.
El desprestigio alcanza también al Congreso, que en varios escándalos que estallaron en los últimos años se mostró clemente con la mayoría de los implicados sometidos a juicios de destitución.
Entre 1988 y 2007, el STF recibió 130 procesos contra funcionarios y políticos que tenían fuero privilegiado, juzgó apenas seis y nunca condenó a ninguno, de acuerdo con un estudio de la Asociación de Magistrados de Brasil (AMB) divulgado el mes pasado.
El STF se vio obligado el lunes a desmentir ruores de que sus magistrados "hubiesen sido contactados por emisarios del gobierno" que buscaban conocer sus intenciones.
El analista Cristiano Noronha, de la consultora Arco Advice, cree que el STF ya dio señales de querer cambiar su imagen, al haber decidido deliberar en un caso tan complejo menos de dos años después de la presentación de la denuncia, con una decisión que debe salir también en pocos días.
Si el STF admite las denuncias, "se le transmitirá a la sociedad la sensación de que nadie puede puede escapar del juicio", dijo Noronha a la AFP.
Un rechazo de la demanda, en cambio, sería equiparable a "una absolución sumaria", advierte el diputado Osmar Serraglio, que instruyó una investigación sobre el caso en el Congreso.
Además, según Noronha, la exculpación lisa y llana de los acusados reforzaría a la tendencia de Dirceu dentro del PT, dominante desde hace diez años, y debilitaría a los grupos que llaman a la renovación en el Congreso partidario que se celebrará la semana próxima en Sao Paulo.
© 2007 AFP
