EscucharMontevideo, 4 abr (EFE).- La justicia uruguaya concluyó los interrogatorios de los uruguayos relacionados con la muerte del ex agente del régimen de Pinochet Eugenio Berrios, cuyo cadáver apareció en 1994 con un balazo en la nuca en una playa a 37 kilómetros de Montevideo.
Las últimas investigaciones se desarrollaron con la presencia del juez chileno Alejandro Madrid, quien agradeció en sus declaraciones a la prensa la cooperación de la justicia de Uruguay y afirmó que se marchaba "plenamente satisfecho por la coordinación lograda".
Por su parte la fiscal encargada del caso en Uruguay, Nancy Hagopián, dijo que aún "faltan diligenciar algunas pruebas", por lo que espera estar en un mes en condiciones de emitir su dictamen con las acusaciones.
El juez Pedro Salazar, de la ciudad de Pando, 30 kilómetros al este de Montevideo, que investiga el caso, interrogó a los ex militares y policías uruguayos supuestamente cómplices en el asesinato y realizó preguntas pedidas por su homólogo chileno.
En Uruguay el expediente fue reiteradamente archivado y desarchivado, por lo que se encuentra en "presumario" con actuaciones que se desarrollan en absoluto secreto.
Una vez que la fiscal Hagopian emita su opinión el juez estará en condiciones de dictar sentencia y procesar o no a los involucrados.
Los informes recibidos por la justicia uruguaya apuntan a que los sospechosos del asesinato Berríos son militares chilenos, que están encarcelados en su país.
La fiscal solicitó a la justicia chilena la sentencia en la cual se inculpó en ese país a seis militares entre los que se incluyen a los generales retirados Hernán Ramírez y Eugenio Covarrubia.
Uruguay, una vez que resuelva el asunto de los involucrados en el caso en este país, entregará a Chile una copia del expediente.
La coordinación de las acciones del juez Madrid en Chile y su colega uruguayo Salazar permitieron aclarar parte de los hechos de 1992, cuando Berríos fue visto vivo por última vez en un balneario del este de Uruguay.
En Pando, tras los últimos interrogatorios, se seguirá trabajando para determinar si los militares y policías uruguayos fueron cómplices de la operación para matar a Berríos.
Ante el juez uruguayo desfilaron desde el pasado miércoles el coronel retirado Tomás Casella, ex oficial de información y dueño de la casa donde se hospedó en Uruguay el agente Berríos, el capitán Eduardo Radaelli, especialista en asuntos de inteligencia, el capitán Wellington Sanabria, el ex comisario Elbio Hernández y el ex jefe de policía Ramón Rivas.
Todos los interrogados estuvieron vinculados con el caso de la denuncia de secuestro, que el propio Berríos realizó en diciembre de 1992 en la comisaría del Balneario de Parque del Plata, última vez que se le vio con vida.
También declararon el marino retirado Hugo Cabrera Villarruel y su esposa, quienes auxiliaron a Berríos cuando escapó a sus captores y lo acompañaron hasta la comisaría para hacer la denuncia.
Casella estuvo muy cerca del general Pinochet, cuando éste visitó Montevideo en 1992, sin ser recibido oficialmente por el gobierno de la época y cuando Berríos ya estaba en Uruguay.
Se supone que Berríos fue clandestinamente sacado de Chile en 1991 y trasladado hacia Argentina, cuando la justicia de ese país lo requería como testigo por la muerte en Washington del ex canciller chileno Orlando Letelier.
El biólogo llegó ilegalmente a Uruguay en 1992 en una operación conjunta de militares argentinos, chilenos y de este país.
El ex miembro de la temida policía política (DINA) del general Pinochet desapareció en extrañas circunstancias en Uruguay, siete años después de haberse recuperado la democracia en el país tras el período militar (1973-1985).
En abril de 1994 se encontraron restos humanos en una playa del departamento uruguayo (provincia) de Canelones y tras los exámenes de ADN se determinó que eran los del ex agente chileno. EFE
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