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Expedientes completos, actas, listas y recomendaciones. Todo documento que contenga información sobre la presunta tramitación irregular de permisos de taxi otorgados entre el 6 de diciembre de 1995 y el 24 de enero de 1996, tiene ahora un nuevo albergue: las oficinas del Juzgado Primero de Instrucción de San José.
Desde la semana pasada, ese despacho judicial y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) efectúan intensos operativos y allanamientos en diferentes oficinas del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) con el fin de decomisar evidencias sobre la supuesta venta de placas de taxi y otras anomalías relacionadas con esos trámites.
Además del supuesto negocio con los permisos, por los cuales se habrían pagado entre quinientos y ochocientos mil colones por la unidad -según las denuncias en poder de La Nación-, la autoridades judiciales también indagan, entre otras cosas, la posibilidad de que existan alteraciones en los registros que lleva la Comisión Técnica de Transportes del MOPT sobre los permisionarios.
Dos versiones
El controversial otorgamiento de aproximadamente 1.200 placas trastoca también el campo político. La semana pasada, el diputado liberacionista Ottón Solís denunció a La Nación la existencia de un un pacto político suscrito por los dos partidos mayoritarios para "cubrirse mutuamente" en la asignación de placas de taxi.
De acuerdo con Solís, el exviceministro de Transportes Francisco Nicolás le habría ofrecido en su despacho 20 placas para distribuirlas en su cantón, Pérez Zeledón, y cumplir, con ello, los compromisos políticos.
Nicolás, quien también fue denunciado ante la Agencia Primera Fiscal de San José por el supuesto trámite irregular de permisos, rechazó enfáticamente esas imputaciones en una amplia entrevista con este diario el viernes pasado.
El exviceministro asegura que nunca ofreció permisos de taxi y que en la visita al congresista Solís solo pretendía informarle sobre la cantidad de autorizaciones que serían distribuidas en Pérez Zeledón, por si quería recomendar a alguien.
Nicolás también desvirtuó la denuncia presentada en su contra por el presidente de la Unión Nacional de Taxistas, Gerardo Umaña, quien lo vincula como autor intelectual del grupo que negoció con los permisos. "Ese señor (Umaña) está molesto conmigo porque yo soy el principal testigo en una querella contra él por ¢30 millones", indicó.
Por la supuesta venta de permisos, la Agencia Primera Fiscal de San José requirió el pasado martes al secretario ejecutivo de la Comisión Técnica de Transportes del MOPT, Francisco Cambronero; a su secretaria, Xinia Rojas Quirós, y al dirigente de los taxistas, Braulio Azofeifa. Se les imputan los delitos de asociación ilícita, cohecho propio y penalidad del corruptor (estos dos últimos castigan a quien recibe o da un soborno a cambio de una gestión).
Políticos con permisos
La Nación tuvo acceso a las actas de la Comisión Técnica del MOPT, correspondientes a las sesiones 3013, 3016 y 3021 de diciembre de 1995 y enero de 1996. De los documentos se desprende que al menos 30 de los permisos autorizados para Puntarenas se adjudicaron a dirigentes políticos liberacionistas de esa provincia o a allegados del exviceministro Nicolás y sus asesores.
También se detectaron casos en los que supuestamente se adjudicaron dos permisos a una misma persona. Entre ellos, figuran los nombres de José A. Barquero Fernández, con dos placas para el área metropolitana; Pedro Esteban Badilla Montero, con una para la ciudad de Alajuelita y otra para el área metropolitana, y Marco Tulio Cordero Aguilar, con dos permisos para Santa Ana.
Además, notificaciones de los mencionados permisos en poder de La Nación muestran que no fue el secretario ejecutivo de la Comisión, Francisco Cambronero, quien firmó los documentos y que para hacerlo, designó a un funcionario de esa oficina.
En las denuncias presentadas ante los tribunales, se argumenta que esas notificaciones son nulas pues únicamente el ministro o el presidente y el secretario de la Comisión están facultados para firmarlas.
Otras supuestas anomalías en la tramitación de placas de taxi son investigadas en diferentes órganos internos del MOPT. El director de Transportes del MOPT, Rodrigo Castro, y el auditor interno de ese Ministerio, Baldomero Delgado, confirmaron, el viernes anterior, que tales pesquisas están aún en proceso y que, en algunos casos, ni siquiera se han iniciado.
"Esto es algo que nos demanda mucho tiempo y que no es prioritario para la Auditoría. Estas cosas -anomalías- siempre se han dado y para nosotros es muy engorroso estar estudiando cada caso", argumentó Delgado.
Castro indicó que el Ministerio se encuentra a la espera de las resoluciones judiciales para decidir si emprende acciones contra los funcionarios cuestionados.
