EscucharMontevideo, 21 jun (EFE).- Las excavaciones en un cuartel del Ejército uruguayo, en búsqueda de restos de personas desaparecidas durante el régimen militar (1973-1985), se iniciaron hoy en Montevideo, informó hoy el Gobierno
El secretario de la Presidencia, Gonzalo Fernández, dijo hoy en rueda de prensa que no ha hubo ninguna interrupción en la investigación de los hechos del pasado y confirmó que "las Fuerzas Armadas vienen colaborando", como se había acordado anteriormente.
Fernández desmintió así las versiones de prensa de que existía malestar entre las Fuerzas Armadas por las acciones del Ejecutivo para investigar las violaciones de los derechos humanos en el pasado en Uruguay.
Dijo que prueba de la colaboración militar es el inicio hoy de las excavaciones en el Batallón 13, dentro de "la tercera y última fase en el proceso a desarrollarse en los establecimientos militares".
Fernández ratificó que el gobierno respetará en todos sus términos la "ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado", ratificada en 1989 en un plebiscito y que amnistió a los militares incurso en delitos sobre violaciones de derechos humanos.
Recordó que esa ley perdonó los casos de violaciones de derechos desde la instalación del régimen militar en 1973 hasta la asunción del gobierno democrático el 1 de marzo de 1985.
Sin embargo, el Ejecutivo puede por ley investigar las violaciones de los derechos humanos durante el régimen militar.
Los anteriores gobiernos habían incluido en la ley de amnistía las investigaciones de los hechos de 1972 contra la guerrilla de los Tupamaros.
La interpretación del gobierno socialista de Tabaré Vázquez no abarca el período anterior al golpe de Estado, bajo el período democrático de Bordaberry, iniciado en marzo de 1972.
Bordaberry se convirtió en dictador el 27 de junio de 1973, cuando disolvió el Parlamento con el apoyo de los militares, que luego lo derrocaron en 1976.
La interpretación oficial ha permitido presentar denuncias de hechos acontecidos en 1972 ante la Justicia Penal, que inició sus investigaciones, cuando en plena democracia se iniciaron las acciones directas contra los "Tupamaros".
Fernández recordó hoy que la investigación sobre violaciones de derechos humanos será dentro de un "estricto acatamiento a la ley y a la Constitución".
También añadió que, para el gobierno, el único caso que queda excluido de la "ley de caducidad" en período militar, es el de María Claudia Irureta Goyena, nieta del poeta argentino Juan Gelmán, trasladada embarazada desde Buenos Aires a Montevideo, donde dio a luz una niña, que fue entregada a una familia que la crió.
Tras dar a luz, María Claudia Irureta Goyena desapareció y el hecho fue aclarado bajo la presidencia de Jorge Batlle, pero sus responsables no fueron acusados formalmente ante la Justicia.
Gonzalo Fernández afirmó que no existe ningún malestar con los militares y que colaboran permanentemente al tiempo que ratificó que los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas cuentan con el respaldo directo del presidente de la República. EFE
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