La Policía de Control de Drogas (PCD) indaga a 63 empresas costarricenses sospechosas de utilizar los incentivos fiscales de promoción de exportaciones, denominados certificados de abono tributario (CAT), para "lavar" dinero proveniente del narcotráfico.
Esta información trascendió ayer mediante un cable de la agencia de noticias ACAN-EFE que basó su información en declaracioens del director del Centro de Inteligencia Conjunta Antidrogas (CICAD), Laureano Castro, y del ministro de Justicia, Juan Diego Castro.
Laureano Castro puntualizó a dicha agencia que se presume que mucho dinero proveniente de activos del narco se lavan aquí por medio de exportaciones que no son reales, aunque aclaró que, en general, las empresas costarricenses son serias y no se prestan a esta práctica con fondos del narcotráfico.
Las sospechas de un posible "lavado" en que se estaría utilizando la banca y la actividad de bienes raíces vinculadas con el turismo fue mencionada en un informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos conocido en San José la semana anterior.
Ayer, a las 3 p.m., el jerarca del CICAD confirmó a La Nación dichas pesquisas, pero advirtió que de los 63 casos investigados ninguno ha llegado a prosperar por diversos motivos. Al ministro Juan Diego Castro resultó imposible localizarlo.
Juan Francisco Montealegre, vicepresidente de la Cámara de Exportadores de Costa Rica (CADEXCO), dijo anoche que es la primera noticia que tiene el gremio. Dijo que si se comprueba algún caso, a esa empresa "hay que ponerla a buen recaudo".
Sin embargo, criticó la divulgación de estas informaciones en escala internacional sin ser tratadas internamente y sin ser plenamente confirmadas. Esto porque, adujo, pueden servir a países competidores de Costa Rica en la conquista y penetración de mercados internacionales, pues se puede decir que aquí se protegen actividades ilícitas.
Entre los obstáculos citados, Laureano Castro mencionó el extravío de un disco duro de una computadora de la Oficina de Análisis Financiero de la PCD en los primeros meses de 1994, que guardaba información confidencial y valiosa sobre lavado de dólares.
"Tuvimos que empezar de cero esas indagaciones contra esas empresas", expresó el jefe antidrogas.
Castro subrayó a la agencia de noticias que dentro de ese grupo de empresas podría haber algunas que estén lavando dineros no provenientes del narco, o cuyas actividades se orienten más bien a la defraudación del fisco, razón por la cual, no serían objeto de análisis por parte de la PCD.
Además, mencionó otras dificultades para comprobar los casos de "lavado", por lo complejo de las operaciones y por los pocos recursos técnicos y humanos con que cuenta la policía local para investigar esas actividades.
Abogó por una mayor especialización de los efectivos policiales y amplias reformas legales y constitucionales que permitan, por ejemplo, "abrir el secreto bancario y tributario".
Entre las reformas planteadas a la actual ley contra el narcotráfico, detalló que se propone la creación de una nueva Unidad de Análisis Financiero para el control de operaciones sospechosas de la mencionada práctica.
Elaboran diagnóstico
El ministro Juan Diego Castro, quien preside el Grupo de Acción Financiera del Caribe contra el lavado de dinero del Narcotráfico (GFATF), reconoció a EFE que ese problema es un "cáncer financiero" y sobre el cual el Gobierno costarricense realiza un diagnóstico, que dará a conocer en los próximos meses.
Coincidió con el director de CICAD en que dadas las excelentes relaciones con las autoridades estadounidenses, se espera "el detalle de personas y empresas que estarían involucradas en esos delitos".
Los informes se consideran "muy importantes" para avanzar más rápidamente en las indagaciones que realizan las policías de Costa Rica, dijeron los funcionarios.
Incentivo exportador
Los certificados de abono tributario (CAT) fueron creados en 1982. Son un título por el monto del 15 por ciento del valor FOB de las exportaciones a Estados Unidos y un 20 por ciento a otros países, que se otorga a quienes venden productos no tradicionales.
El certificado se puede deducir de los impuestos, o negociarse en la Bolsa de Valores, después de un tiempo de emitido, el cual se llama "período de maduración".
Durante el año 1995, el Gobierno entregó a los empresarios un total de ¢16.860 millones en CAT, mientras que en 1996 esa suma ascendió a ¢20.977 millones.
Esto significa que en 1996 se registró un incremento del 24,4 por ciento en relación con el monto entregado en 1995, según un documento difundido en febrero de este año por el Ministerio de Comercio Exterior (COMEX).
Los actuales compromisos de entregar CAT están regidos por la legislación de 1984, pues desde 1992 no se entregan a nuevas empresas que se instalan en el país. Su vencimiento estaba para el año anterior, pero fueron prorrogados --en 1992-- hasta 1999, pero con bajas graduales en el monto, por lo que en 1997 caerán del 15 al 10,5 por ciento.