EscucharLa Paz, 21 feb (EFE).- Los recientes avances en el proceso contra el ex presidente de Bolivia Gonzalo Sánchez de Lozada, imputado por el delito del genocidio, responden a la "presión política", indicaron hoy a EFE fuentes cercanas al ex mandatario.
El ex gobernante (2002-2003), perteneciente al Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), fue imputado formalmente por la Fiscalía General de la República, que presentó hoy el requerimiento ante la Corte Suprema de Justicia, en la ciudad de Sucre.
Se trata del paso previo al inicio del juicio de responsabilidades contra el ex presidente y sus quince ministros, autorizado por el Congreso en octubre pasado.
"El procedimiento se está violando por la presión política", indicó la fuente, que manifestó que "cada vez que el gobierno tiene problemas, presiona a la Fiscalía", en alusión al Ejecutivo del presidente Carlos Mesa, sucesor del ex mandatario en octubre de 2003 tras un grave conflicto social.
Aseguró además que la semana anterior, el presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, Sacha Llorenti, y miembros del partido Movimiento Al Socialismo, del líder cocalero Evo Morales, y que fue el más duro opositor de Sánchez de Lozada, viajaron a Sucre para "presionar" al Fiscal General, Pedro Gareca.
"Nadie puede ser acusado sin haber antes una investigación", anotó la fuente, que recordó que "no ha habido declaración de ninguno de los inculpados", solamente de los testigos.
Criticó además que se haya tipificado como "genocidio" la actuación del Gobierno de Sánchez de Lozada, pues este concepto se refiere una "acción premeditada para eliminar a un grupo con una homogeneización étnica, cultural, religiosa".
Según el texto acusatorio del Ministerio Público, al que tuvo acceso EFE, cuando se produjeron los sucesos de los que se acusa a Sánchez de Lozada, hubo "masacres sanguinarias en el país", concepto que también aparece en el Código Penal como una de las acepciones de "genocidio".
En octubre de 2003, la represión de las fuerzas militares contra las protestas en las ciudades de La Paz y El Alto ocasionó la muerte de 60 personas y más de 151 heridos, hasta que el ex gobernante decidió renunciar, forzado por la revuelta popular, y huyó a Estados Unidos, donde reside.
Respecto a una posible extradición, en caso de que el ex jefe del MNR no se presente a declarar, la fuente sostuvo que, para que ésta tenga éxito, "un gobierno tiene que demostrar que ha habido el debido proceso", algo que no está produciendo ahora, opinó.
Con la imputación formal se abre una fase de investigación de seis meses, tras la cual la Fiscalía enviará la acusación definitiva a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que tiene la última palabra.
Si prospera el pedido, comenzará el juicio de responsabilidades con la participación en pleno de los doce magistrados de este órgano judicial. EFE
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