Quito, 16 abr (EFE).- La Conferencia Episcopal Ecuatoriana criticó hoy lo que considera un "maltrato a la Constitución" por parte de los políticos de esta nación, envuelta en una crisis por la reestructuración de la Corte Suprema de Justicia.
El pronunciamiento de la Iglesia se produjo pocas horas después de que el jefe de Estado, Lucio Gutiérrez, cesara a los magistrados de la Corte de Justicia amparado en un decreto por el que declaró el estado de emergencia en el distrito metropolitano de Quito que, a su criterio, le concedía poderes especiales para adoptar esa medida.
"La destitución de la Corte Suprema de Justicia mediante el recurso a procedimientos contrarios a los señalados en la norma fundamental ha venido a agravar una situación ya existente de caos político y social y de incertidumbre legal", dije la Iglesia en un comunicado.
"Rechazamos firmemente el maltrato a la Constitución y a la división de las funciones del poder público, como abierto atentado contra las bases mismas de la democracia", agregó.
La Conferencia Episcopal anotó que "los errores y las violencias no pueden ser corregidos con otros errores y con otras violencias. La situación a la que hemos llegado causa graves lesiones al bien común y puede degenerar fácilmente en la anarquía, en la dictadura y en innecesarios enfrentamientos entre hermanos de la misma nación".
Los prelados exigieron al poder Ejecutivo y al Legislativo "que reconsideren su proceder y que, en sus decisiones y conductas, se encaminen dentro del orden constitucional y de una búsqueda sincera del diálogo y de la concordia".
Solicitaron también a todas las fuerzas sociales y políticas una pacífica concertación de orden cívico y patriótico, "lejos de las vías de hecho, que son siempre semilla de violencia social".
"Es hora de pensar en el bien de la Patria, tan venido a menos por la insana prepotencia de intereses de grupos o de partidos. Es hora de salvar a la Patria, mediante la inteligente colaboración y buena voluntad de todos", sostuvieron.
La declaración del estado de emergencia para la capital ecuatoriana fue derogada menos de veinte horas después de anunciada, pero su anulación no consiguió detener las protestas populares. EFE
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