EscucharNairobi, 27 abr (EFE).- Los ruandeses de la etnia hutu que crucen a Burundi huyendo de los juicios populares que se celebran en Ruanda por su implicación en el genocidio de 1994 en este último país no recibirán tratamiento de refugiados, según acordaron hoy los gobiernos de ambos países.
La decisión fue tomada en un encuentro celebrado en la localidad de Ngozi, en el norte de Burundi, entre el ministro ruandés de Administración Local, Protais Musoni, y el titular burundés de Seguridad Pública, Salvator Ntihabose, informaron emisoras de radio captadas en Nairobi.
Más de 2.000 ruandeses pertenecientes a la comunidad hutu han huido en las dos últimas semanas a Burundi por miedo a ser juzgados en los tribunales populares que están procesando a miles de civiles presuntamente implicados en el genocidio.
Aseguran haber huido por temor a ser injustamente juzgados por los tribunales populares conocidos como "gacaca", que en marzo comenzaron sus sesiones orales, en las que los presos y la población prestan testimonio.
El ministro burundés indicó tras la reunión que se ha decidido la creación de comités de sensibilización para convencer a los ruandeses de que regresen a su país.
Ntihabose precisó que aunque no se les va a otorgar el estatuto de refugiados, tampoco se les obligará a volver.
En el caso de personas que estén siendo buscadas por la justicia ruandesa, el ministro recordó que hay procedimientos de extradición que serán aplicados.
Las autoridades burundesas habían comenzado a trasladar a lugares a entre 50 y 100 kilómetros de la frontera a los ruandeses que habían cruzado a Burundi, donde vivían acampados o acogidos en escuelas locales.
Ruanda condenó dichas medidas y señaló que las personas que han huido son "fugitivos de la justicia" a los que Burundi estaba tratando como demandantes de asilo.
La implicación masiva de civiles en el genocidio de 1994, en el que murieron entre 500.000 y un millón de tutsis, la etnia minoritaria ruandesa, y de hutus moderados, hizo imposible recurrir sólo a la justicia ordinaria para procesar a los responsables.
El Gobierno puso entonces en marcha el sistema de la "gacaca", en la que los prisioneros son llevados al lugar en el que presuntamente cometieron sus crímenes, donde sus habitantes testifican contra o favor del acusado ante un panel de jueces que puede imponer desde servicios comunitarios a la cadena perpetua como sentencia. EFE
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