EscucharSan José, 5 mar (ACAN-EFE).- Honduras insistió hoy ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su inocencia por el secuestro, tortura y asesinato del campesino hondureño Juan Humberto Sánchez, a manos el ejército de ese país en 1992.
El procurador general y representante de Honduras para el caso, Sergio Zavala, afirmó en sus alegatos finales ante la Corte, con sede en Costa Rica, que el tribunal no está en condiciones de juzgar al Estado porque hay un proceso judicial abierto en el país contra el presunto asesino de Sánchez.
Se trata del teniente retirado Angel Belisario Hernández, que fue detenido por las autoridades de ese país el pasado 17 de enero, por un proceso que inició en 1992.
En las audiencias, que iniciaron el pasado lunes, ambas partes presentaron testigos que incluyeron figuras como el general retirado Luis Alonso Discua, ex-jefe de las Fuerzas Armadas de Honduras y primer comandante del Batallón 3-16 durante los años ochenta, señalado de graves violaciones a los derechos humanos.
Por parte de los familiares de la víctima atestiguaron María Dominga Sánchez y Domitila Vigil, madre y hermana de la víctima, quienes presenciaron su captura a manos de militares en junio de 1992.
Para Berta Oliva, coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Honduras (Cofadeh), los argumentos expresados por el Estado ante la CIDH "demuestran la total falta de voluntad para esclarecer los hechos pasados y acabar con la impunidad".
Juan Carlos Gutiérrez, director del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), afirmó hoy en conferencia de prensa que la detención arbitraria de Belisario no soluciona el problema, pues no sienta responsabilidades sobre los verdaderos autores intelectuales del crimen.
"¿Cómo pueden alegar que las autoridades no estuvieron involucradas pero acusan a uno de sus ex oficiales?, es una gran contradicción que demuestra el cinismo del gobierno", señaló Oliva.
Juan Humberto Sánchez fue acusado de guerrillero tras una estadía de doce años en El Salvador, donde militó como operador de Radio Venceremos, con el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).
El joven, de 26 años en ese entonces, regresó a su país en junio de 1992 gracias a una amnistía decretada por el gobierno, pero la misma noche de su llegada fue apresado por agentes del Décimo Batallón de Infantería.
A falta de pruebas lo liberaron al día siguiente, pero esa misma noche lo volvieron a detener en su casa, en la aldea de Santo Domingo, limítrofe con El Salvador, para interrogarlo.
Su cuerpo apareció días después flotando en el río Negro, cerca de la frontera con El Salvador, desnudo, con la cabeza rapada, un disparo en la frente y otro en la pierna izquierda.
Tenía además sus genitales, nariz y una oreja cercenada, y lo hallaron atado de pies y manos sobre la espalda.
El Estado reconoció ante la CIDH que fue responsable de la primera detención de Sánchez, pues se había informado que estaba armado y que era peligroso, pero negó que sus agentes militares lo detuvieran la segunda vez como declararon su madre y hermana, presentes en el momento del secuestro.
Ahora las víctimas solicitan que el Estado reconozca la totalidad de la culpa y se haga responsable por el daño moral, psicológico y económico causado.
Además, que se realice una exhumación de los restos de Sánchez para darle sepultura en un lugar elegido por ellos, pues el cadáver fue enterrado en las cercanías del río donde apareció sin la presencia de los familiares.
La CIDH podría dictar sentencia sobre este caso entre setiembre y octubre de este año. ACAN-EFE
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