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Así como Lázaro sorprendió a sus contemporáneos con su resurreción, el contrato que el Gobierno firmó en diciembre de 1993 con la Asociación de Empresas Hernán Solís para el tratamiento de desechos sólidos ha causado inquietud ya que un fallo de Sala IV lo ha puesto nuevamente en vigencia.
El alto tribunal declaró con lugar un recurso de amparo presentado por Mélida Solís, apoderada de dicha asociación empresarial, en noviembre de 1994, luego de que la administración de turno decide no enviar la basura hasta la finca Elker, en Cabezas de Espíritu Santo, Esparza, donde Hernán Solís ya había instalado un relleno.
Según la resolución judicial, se condena al Estado a pagar daños y perjuicios pues pese a que dicha empresa terminó la instalación de todo el equipo para el tratamiento, el Gobierno no cumplió con las obras anexas.
De hecho, según el contrato, que se firmó en diciembre de 1993, Solís está en capacidad de cobrar una suma millonaria. No obstante, de acuerdo con los términos contractuales, desde marzo de 1994 el contratista tenía derecho a cobrar unos ¢400.000 diarios por supuestos costos de tratamiento.
"Estamos claros en que si el Gobierno nos ordena la ejecución de nuestro contrato con una reubicación, el monto de los daños y perjuicios serían mucho menores. Si no lo ejecuta, tendría que indemnizar la totalidad del contrato y además pagar a otro contratista un precio mayor, lo cual no tiene sentido", puntualizó, en un fax enviado a este medio, Mélida Solís.
Consultado ayer al respecto, el presidente de la República, José María Figueres, se limitó a decir: "No la conozco. Pienso que estos serán días propicios para que los abogados del Estado estudien el fallo y hagan lo que corresponda. Pero, de cualquier forma, siempre seremos respetuosos de las decisiones de los tribunales." Mélida Solís agregó: "Lo que hemos recurrido ante la Sala Constitucional es que tenemos un contrato vigente y válido con el Gobierno para la disposición en relleno sanitario de toda la basura de la Gran Area Metropolitana, o sea, ya hay un contratista; no entendemos por qué siguen buscando a otro."
Entretanto, 11 de los 12 gobiernos locales del Consejo Cooperativo Intermunicipal (COCIM) aún discuten y cuestionan la decisión del ayuntamiento de San José de optar por contratar a Waste Placement Professional (WPP) para hacer un vertedero en Pozos de Santa Ana.
Aviadores protestan
Entretanto, existe temor entre los pilotos de las aerolíneas y taxis aéreos, agrupados en la Asociación de Líneas Aéreas (ALA), de que el posible depósito en Pozos atraiga aves de rapiña, las cuales pueden estrellarse contra las naves o dañar sus turbinas al ser succionadas.
El tajo seleccionado en Pozos para construir el relleno, dice ALA, está en la trayectoria de despegue y aterrizaje de aviones hacia ambas terminales aéreas (la de Alajuela y la de Pavas).
De hecho, Enrique Odio, de Líneas Aéreas Costarricenses (Lacsa), corroboró que el domingo pasado una nave de esa compañía tuvo que ser sometida a revisión ya que al aproximarse al aeropuerto de Caracas un zopilote pegó en el estabilizador trasero. Situaciones similares o más graves se han presentado en Honduras y Panamá.
Ante dichas críticas el director de Aviación Civil, Nelson Rodríguez, afirmó que la semana entrante llegará al país un experto de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), quien rendirá su informe en una semana para tomar una decisión al respecto.
Tanto Roberto Acevedo, de Aeronaves América, como José Angel Guerra, de Taxi Aéreo, manifestaron que se oponen a la instalación de dicho vertedero en el lugar señalado. "Una turbina de un jet puede dañarse si se traga un pájaro de estos y cada una cuesta $5 millones; por eso estamos solicitando al Instituto Nacional de Seguros un recuento de casos con problemas en vuelos por aves", agregó Acevedo.
