EscucharSan José. El actual gobierno de Costa Rica heredará al mandatario electo Oscar Arias el proceso abierto contra Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya por la prohibición a los policías costarricenses de navegar por el río San Juan, en la frontera común, portando sus armas de reglamento.
El canciller Roberto Tovar anunció el miércoles en rueda de prensa que tienen lista la denominada memoria, donde se detallan los argumentos que justifican la demanda, ingresada a la CIJ el 28 de septiembre del 2005.
No obstante, indicó que no la presentarán ahora, sino que Costa Rica esperará al 29 de agosto de este año, cuando se cumplirá el plazo dado por la CIJ para cumplir ese paso.
Sin duda alguna la memoria está lista... pero yo no la presentaré pues buscamos una perfección de lo que se planteará y Costa Rica tiene la obligación de esperar hasta el plazo para hacerlo, expresó Tovar.
Indicó que le tocará a la próxima administración de Arias, que asumirá el 8 de mayo. Afirmó que el futuro canciller Bruno Stagno está al tanto de la decisión y está de acuerdo.
Creo que esto es no es un asunto de gobierno, sino de Estado, de Costa Rica, y por eso el tema seguirá en La Haya, añadió Tovar.
Insistió en que el país no pretende ni más ni menos derechos de los que le corresponde y que se busca solucionar el único diferendo que se tiene con Nicaragua desde hace más de un siglo.
Ese fallo (de la CIJ), sea cual sea, va a significar mejores momentos y mejores relaciones para Costa Rica y Nicaragua, apuntó.
Explicó que la primera fase del procedimiento es la presentación de la memoria de Costa Rica; luego Nicaragua tendrá nueve meses para llevar la contramemoria y de ahí seguirá una réplica costarricense. Después se pasa a la parte escrita y luego la oral, a través de audiencias ante los jueces
El trabajo se ha extendido por el mundo, por ejemplo en Londres, Ginebra y La Haya, dijo Tovar al asegurar que los costarricenses pueden estar seguros que se trata de un caso sólidamente fundamentado.
Sobre el costo, Tovar manifestó que las estimaciones se ubican entre 1,3 y 1,4 millones de dólares, para un periodo que considera, se podría extender por unos cuatro años.
En su elaboración participaron juristas extranjeros, un equipo de casi 15 abogados locales, así como el embajador en Holanda, Edgar Ugalde, quien está a cargo del proceso en Europa.
