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QUITO (AFP) - El gobierno de Ecuador se mostró el viernes firme en su posición de que el Congreso dominado por la oposición sea disuelto por la Asamblea Constituyente de plenos poderes, que será elegida el 30 de setiembre para redactar una nueva Carta Política.
"La Asamblea tiene poderes y el derecho a hacer lo que considere", expresó el ministro de Gobierno (Interior), Gustavo Larrea, al diario quiteño El Comercio y agregó que "el Ejecutivo solo puede tener criterios sobre el tema" de la disolución del Parlamento.
Aunque el funcionario anotó que "el gobierno no va a plantear la disolución del Congreso. Al contrario, respetamos su existencia", el presidente Rafael Correa ha señalado de manera insistente en que de lograr mayoría en la Constituyente será disuelto el Legislativo.
"Esperaremos a la Asamblea y si los ciudadanos tenemos mayoría, pediré que lo disuelva", afirmó hace poco el mandatario, quien impulsa la Constituyente para recortar los poderes del Congreso.
Incluso el ex ministro Alberto Acosta, principal candidato oficialista a la Asamblea, dijo que "los congresistas tienen que irse a su casa sino la Constituyente va a tener serias dificultades (...) no es que estaremos viviendo en un estado de no derecho o autoritario".
La posición del gobierno llevó a que el presidente del Legislativo, Jorge Cevallos, advirtiera que una posible disolución de ese organismo arrastrará a los demás poderes del Estado a su desintegración y expresó su preocupación a la Organización de Estados Americanos (OEA).
"Si la Asamblea toma la decisión, a la semana, caen el Tribunal Constitucional, la Corte (Suprema de Justicia), el contralor y el fiscal. Sería ilógico que lo que el Congreso nombró se quede", afirmó.
El ministro Larrea sostuvo que "la OEA va a recibir esa queja (del Parlamento) y va a decir que el presidente (Correa) tiene una opinión, pero que no ha disuelto el Congreso. Por lo tanto, no hay cómo juzgarlo".
"La OEA no puede juzgar a Correa por creer que la Asamblea debe cerrar el Congreso", enfatizó.
© 2007 AFP
