EscucharBuenos Aires, 26 jun (EFE).- El Gobierno argentino aseguró hoy que hubo "un concierto criminal" entre la última dictadura militar (1976-1983) y el "establishment" económico de entonces, al explicar su pedido de nulidad de tres indultos otorgados por el ex presidente Carlos Menem.
"Hubo una unidad en el accionar represivo del Estado y la implementación de la política económica" de la última dictadura, afirmó el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde.
En una rueda de prensa, el funcionario presentó los argumentos que el Gobierno expuso el pasado jueves para pedir la nulidad de los indultos otorgados en 1990 al ex presidente de facto Jorge Videla (1976-1981) y a sus entonces ministros del Interior, Albano Harguindeguy, y de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz.
Los tres integrantes de la dictadura están acusados por el secuestro de Federico Gutheim y su hijo Miguel, dos empresarios que pasaron cinco meses presos a disposición del Ejecutivo entre 1976 y 1977, y luego fueron liberados.
Al restituirse la democracia en 1983, los tres ex altos funcionarios fueron procesados por el secuestro de los empresarios, pero la investigación se detuvo en 1990, con los indultos dispuestos por Menem (1989-1999).
Videla y Harguindeguy se encuentran presos por causas vinculadas con el robo de bebés de desaparecidos durante la última dictadura, pero Martínez de Hoz permanece en libertad.
Para Duhalde, el pedido de inconstitucionalidad de los indultos es "el punto de partida" que "se puede adoptar ante este concierto criminal entre la cúpula de las Fuerzas Armadas y los integrantes del 'establishment' económico representados por Martínez de Hoz".
"Planteamos la nulidad de los indultos en estos tres casos no porque el Ejecutivo no tenga la facultad de perdonar, sino porque estos indultos ligados a crímenes aberrantes y de lesa humanidad son sustantivamente ilegales como lo fueron las leyes de Obediencia Debida y Punto Final", destacó.
Duhalde aludía a las denominadas "leyes del perdón", que habían librado de responsabilidades a más de un millar de represores de la dictadura y que fueron anuladas por el Parlamento en 2003.
El máximo tribunal del país, la Corte Suprema de Justicia, ratificó hace un año la nulidad de ambas normas, que permitió que se reactivaran numerosas causas por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la denominada "guerra sucia".
El expediente contra Videla, Harguindeguy y Martínez de Hoz estuvo archivado durante 16 años, pero en abril pasado dos organismos defensores de los derechos humanos pidieron al juez Norberto Oyarbide la reapertura de la causa, en la que la Secretaría de Derechos Humanos fue aceptada como querellante.
"No podemos diferenciar la responsabilidad como autores mediatos de los comandantes en jefe del jefe de la economía", expresó Duhalde al anticipar futuras acciones judiciales que apuntarán a determinar "la corresponsabilidad de Martínez de Hoz" en otras causas seguidas a los militares.
Según datos oficiales, al menos 18.000 personas desaparecieron a manos de grupos paramilitares de la dictadura, pero los organismos humanitarios del país elevan el número de víctimas a 30.000. EFE
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