EscucharUna de las propuestas de la reforma electoral recientemente planteada por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) es la creación de una franja electoral. Un espacio diario en radio y televisión para que todas las alternativas políticas puedan exponer sus ideas a los costarricenses. ¿A qué aspiramos con ello?
k1) A fortalecer el derecho a la información de los electores para que se enteren de todas y no solo de algunas alternativas para votar (aunque los medios no son la única forma de acceder a esa información política, sí son las principales fuentes de donde las personas la obtienen).
k2) Democratizar el acceso a los medios para que todas las agrupaciones y no solo las que tengan más recursos económicos puedan explicar sus ideas (queremos una campaña en la que todas las voces pueden expresarse en los medios, que es el escenario al que se ha trasladado el debate electoral en todo el mundo).
k3) Reducir el costo de las campañas.
Algunos medios de comunicación han reaccionado negativamente a la propuesta. Es comprensible: lo que lograría un ahorro de recursos públicos para todos los costarricenses implicaría, también, un sacrificio en las ganancias de esas empresas comerciales (sacrificio que consideramos compensado por el uso que estas hacen del espectro electromagnético propiedad de todos los costarricenses). Su crítica también es saludable: enriquece el más amplio debate social que sobre este tema ha planteado el TSE. Sin embargo, precisamente por la seriedad de ese debate, consideramos oportuno aclarar una serie de equívocos que sobre la franja se han dicho.
No es una ocurrencia. La UNAM de México, la OEA e IDEA Internacional patrocinaron la investigación titulada “Financiamiento de los Partidos Políticos en América Latina”. Coordinada por Pablo Gutiérrez y Daniel Zovatto, expertos en la materia, integra tanto estudios individuales de los distintos países, como análisis regionales integrales. Dentro de la diversidad de temas que abarca, incluye el acceso gratuito a los medios por parte de los partidos. Así, en América Latina (18 países en total), solo 3 países no lo contemplan (Costa Rica, Honduras y Nicaragua), mientras que los restantes 15 establecen acceso gratuito a los medios. En este grupo de 15 países, un 40% lo establecen solo en medios públicos, y el 60% restante lo fija por igual en medios privados y públicos.
Por su parte, los casos argentino, brasileño, chileno y mexicano prohíben la propaganda en televisión y radio pagada por los propios partidos, lo que está a tono con una tendencia mundial, en tanto –como el mismo estudio sostiene– casi todas las democracias en Europa Occidental prohíben la compra de publicidad electoral mediática, al tiempo que otorgan espacios publicitarios gratuitos a los partidos.
A nivel mundial, la Base de Datos de Financiamiento Político de IDEA Internacional, cuya sistematización engloba 179 países, analiza si estos cuentan con disposiciones que les permitan a los partidos acceso a los medios, sea este gratuito o subsidiado. El resultado refleja que 119 países (69.6%) sí lo incorporan, ante 52 países (30, 4%) que no lo regulan. Si se analizan los datos segregados por continente, salvo Oceanía, todos los demás ratifican la tendencia mundial hacia la previsión de franjas: África (79,6%), América (61,8%), Asia (63,9%) y Europa (79,5%).
En el caso europeo, solamente 9 de un total de 44 países no prevén el acceso gratuito o subsidiado a medios de comunicación. Evidentemente, no se trata de una ocurrencia, sino de una tendencia mundial que apuesta por la equidad y el debate pluralista como valores democráticos.
No es una imposición autoritaria. El TSE ha planteado una propuesta para que sea considerada desde todos los sectores de la sociedad y sea decidida por los legítimos representantes del pueblo costarricense. Para llegar a ser ley, deberá contar con el respaldo de una mayoría parlamentaria y estará sujeta al control previo y posterior de constitucionalidad. Eso no puede considerarse una imposición. Se trata de media hora (de 24 diarias) por un periodo de tiempo acotado y solo cada dos años. Además, no es cierto que se pretenda incluir la totalidad de la franja durante el prime time . Deberá buscarse un equilibro que armonice la efectiva divulgación partidaria, con los legítimos intereses empresariales en juego. La franja tampoco restringe el fondo y contenido de los mensajes políticos, como erróneamente se ha dicho.
Por todo lo anterior, no se justifica vincular las franjas con el autoritarismo, ni con países de pobre desenvolvimiento democrático y solidez institucional. El caso chileno es notable: allí la franja, lejos de ser herramienta autoritaria, contribuyó a acabar con el autoritarismo y permitió a ese pueblo hacer una de las transiciones pacíficas a la democracia más exitosa de la historia. La vigencia actual de la franja en Chile (como muestra de que su valor no se circunscribía a esa coyuntura particular) nutre hoy una democracia de solidez institucional, en el más amplio marco de libertades económicas, empresariales y comerciales.
El camino hacia una democracia más inclusiva pasa por lograr mayor equidad en el acceso a los medios por parte de las distintas alternativas políticas. Ello tendría un costo para los medios, pero a ese aspecto no puede reducirse el debate sobre la franja. El debate completo incluye la cuestión de si los costarricenses queremos mejorar las condiciones de competencia electoral o si preferimos permanecer como estamos. No eludamos esa discusión más amplia, que atañe no solo a los medios, sino a toda la sociedad en su conjunto. Un debate de altura es al que ha invitado el TSE, que pondere importantes objetivos-país y legítimos intereses particulares. En democracia, unos y otros no son excluyentes.
