EscucharLa Fiscalía General de la República, por medio de la Agencia Cuarta Fiscal, atribuyó una presunta confabulación a cinco médicos para que 178 trabajadores del extinto Banco Anglo se pensionaran con base en incapacidades basadas en padecimientos supuestamente falsos.
Se trata de los médicos Luis Paulino Hernández Castañeda, Sigifredo Aiza Campos, Carlos Páez Montalbán, Bernardino Gutiérrez Varela y la psiquiatra María Soledad Calderón Alvarado, quienes fueron requeridos por el delito de falsedad ideológica.
Al 30 de noviembre del año pasado, ya se había cancelado un total de ¢28.943.737,35 por concepto de 19 pensiones de las 178 obtenidas con métodos aparentemente fraudulentos.
Según el Ministerio Público, la erogación en un año de solo estas 19 pensiones alcanzará la suma de ¢249.166.590,60.
Los profesionales involucrados rindieron cuentas ayer al presidente del Colegio de Médicos y Cirujanos, Marco Antonio Batalla.
Batalla dijo a La Nación que los médicos le informaron de que la mayoría de los dictámenes se basaron en diagnósticos referidos por otros médicos. Además, le dijeron que algunos pacientes fueron examinados extensamente por Aiza, Hernández y Páez, en sesiones en las que participaron los tres facultativos.
Mientras tanto, el juez cuarto de instrucción de San José, Edwald Acuña Blanco, dictó -el 30 de mayo pasado- un auto de falta de mérito en favor de Calderón Alvarado, al estimar que hay dudas sobre su participación en los hechos.
Para dictar esa resolución, Acuña valoró 19 casos de personas a las cuales se les dictaminaron padecimientos psiquiátricos y, con base en ellos, se pensionaron.
"Resulta indispensable contar con los dictámenes médico-legales que permitan establecer si lo certificado por la imputada efectivamente fue cierto o no", dice textualmente el auto de falta de mérito.
En este sentido, el juez ordenó que se aporten los expedientes médicos de las personas indicadas en un informe previo de la Contraloría pues solo de esta manera se podrá determinar si los padecimientos certificados se presentaron en los pacientes.
Con ocasión del cierre
Hernández, Paéz y Aiza conformaron durante 1994, con ocasión del cierre del Banco Anglo, una comisión médica encargada de valorar a los empleados que gestionaran una pensión por incapacidad.
La acusación establece que los tres médicos se confabularon entonces con 178 trabajadores para lograr que a estos últimos se les otorgara una pensión del Ministerio de Hacienda fundamentada en supuestos males psiquiátricos.
Para hacer constar las enfermedades, según la acusación, los tres profesionales aparentemente se pusieron de acuerdo con la psiquiatra Calderón Alvarado, la cual "otorgó en 87 casos un dictamen médico dando fe de que la persona tenía un padecimiento que ameritaba su incapacidad".
En este tipo de acciones, según el requerimiento, también intervino el médico Bernardino Gutiérrez Varela, quien en el ejercicio privado de la medicina otorgó 22 de los 178 dictámenes.
Según el requerimiento, estos dos últimos profesionales mencionados no solo dictaminaron enfermedades inexistentes, sino que certificaron que las sufrían con anterioridad al 19 de mayo de 1993, fecha en que vencían los 18 meses señalados por la Sala Cuarta para tener derecho a una pensión de Hacienda. (Está tipo de pensiones basadas en la Ley 7013 habían sido declaradas inconstitucionales).
Marco Antonio Batalla confirmó que el caso no será enviado al comité de ética, tras considerar que existe ya un proceso judicial, y descartó la posibilidad de conformar una comisión para estudiarlo.
