EscucharLa peor de las conduccionestemerarias con que se enfrenta Costa Rica, no es en las carreteras sino en los laberintos de la política y las instituciones. Esto, por un ejercicio irresponsable, improvisado y clientelar (¿compadrazgo para el subdesarrollo?) del tipo de dirección gubernativa practicado por gobernantes y tantos funcionarios públicos a lo largo de la ruta del desarrollo nacional.
Ello, no la falta de recursos, es lo que acarrea todos los males que el país experimenta desde hace décadas, con deterioro del bienestar y equidad colectivos, corrupción incluida. He procurado demostrar durante décadas cómo todas las calamidades de Costa Rica que cualquier analista, centro de estudios, funcionario o editorial señalan, son producto de esa forma aleatoria y desaprensiva en que todos incurren cuando practican, o enjuician – es igual de dañino — el ejercicio del poder legítimo, dando la espalda a unas pocas pautas constitucionales y leyes excelentes que disponen, como en un buen y sensato manual, cómo hacerlo eficaz y transparentemente para un mayor bienestar nacional.
País al desgaire. A partir de semejante irreverencia colectiva, el país viene y seguirá al desgaire, sin que ninguna reforma fiscal garantice que más recursos, producirán más bienestar y crecimiento económico. Nadie presta la atención debida a este factor de dirección y planificación gubernativas, como si este ocurriera en Marte, no en Tiquicia .
La fallida reforma fiscal es un excelente ejemplo de cómo tantos incurren en análisis que no toman en cuenta este marco referencial que sí permitiría un abordaje más constructivista que lo que permitirá jamás el argumento de que el gasto público es “famélico”, o el sentimiento de “dolor por el país” por no aprobarse dicha reforma fiscal. Doloroso es constatar que todos sigan ignorando que el gasto en salarios, por ejemplo, representa un ejército de funcionarios (educadores, médicos, ingenieros, trabajadores sociales, ambientalistas de diverso linaje, etc., desenfocados y desarticulados la mayoría, amañados muchos, pero con un gran potencial todos), con los que el Estado está llamado a solventar las necesidades elementales de todo habitante.
Este rubro, conjuntamente con los multimillonarios recursos frescos que sí existen para las concomitantes prestaciones en manos del Gobierno, constituye el principal patrimonio nacional para, correctamente manejado, lograr una mucha mejor educación, servicios médicos, infraestructura vial, desarrollo agropecuario y ambiental, etc.
¿Qué significa correctamente manejado? Conducir esos recursos humanos y presupuestarios, y los respectivos procesos administrativos y técnicos, con el enfoque e instrumentos necesarios por parte de la presidenta de la República y sus ministros, por sectores de actividad y regiones de desarrollo –como legítimos ámbitos diferenciados de desarrollo–. Esto incluye la inmediata simplificación de trámites y requisitos que nos asfixian –simplificación ordenada en la excelente Ley N.° 8220 del 2002 e incumplida por todo Gobierno desde entonces.
Además, el país cuenta con un portentoso sistema de dirección y planificación, control y evaluación integrales –o sea, de rendición y exigencia de cuentas concretas “por resultados”–, y participación ciudadana, fundamentado en la Ley General de la Administración Pública, la Ley de Planificación Nacional, la Ley de Administración Financiera y Presupuestos Públicos y diversos decretos oficializados en “viejas” administraciones.
Más “recursos frescos” producto de reformas fiscales, o de una mucha mejor recaudación y un abatimiento del contrabando desaforado que desde hace décadas denuncia –entre otros males — don Julio Rodríguez, o la mismísima “reforma” del Reglamento Interno de la Asamblea, no harán el milagro de convertirnos en el primer país desarrollado de América Latina –ni siquiera con una nueva “Constitución china”– mientras prevalezca esa visión antojadiza, empírica y amiguista en la conducción gubernativa a contrapelo de lo que Constitución y unas pocas leyes, establecen. El país proseguirá con su nadadito de perro, este cada vez más agotado y a punto de ahogarse. Ignorar este marco referencial, es continuar tantos por la vida denunciando graves anomalías... microanalíticas, que no son las que explican el inaudito enclochamiento sostenido del país.
Labor de la Contraloría. Es por lo anterior que reitero a quienes me leen consistentemente que, en mi visión de estos fenómenos desde 1974, creo que una Contraloría de la República correctamente enfocada, podría confrontar esto integralmente –o sea, sabiendo exigir del Gobierno–, y que ello constituye el factor único e individual que podría desencadenar la más inmediata e impactante reforma institucional y fiscal en el corto plazo, haciendo que la institucionalidad pública funcione como debe, no con el desorden integral que no permite resolver ningún problema.
Reconozco que no es esta la visión estratégica que caracteriza hoy día a nadie influyente en este país; menos, a los legisladores que pronto escogerán contralor para los próximos ocho años. Nadie ha esbozado siquiera un perfil integral de contralor necesario en el contexto de la crisis aguda en que viene sumido el país desde hace décadas, de cara a ese mandato superior que establece claramente cuál Hacienda Pública hay que fiscalizar integralmente, y cómo, para que el país logre mucho más con los recursos públicos y sociales disponibles. Ocho años es mucho tiempo como para no medir las consecuencias, en el desarrollo del país, de tal falta de rigurosidad legislativa y de responsabilidad administrativa de este organismo.
No me queda más que esperar que quien sea elegido dentro de los diez finalistas –si no es que salen con un “plenariazo” como hace siete años–, aun si es alguien que repite por reelección como el PLN propicia –siempre es posible que una misma persona incurra en un honesto overhaul–, debe ser capaz de adoptar nuevas visiones, reconocer y corregir defectos y proporcionar un liderazgo de nuevo cuño que siente cátedra, según dije en mi último artículo aquí (13/3).
Seguir con más de lo mismo que no nos ha llevado al estado de cosas que el país merece y que se puede lograr ya si solo fuéramos más serios y responsables, sería un total desatino aunque a los legisladores no les desvele esto.
Albergo una genuina esperanza de que alguien con visión, poder y liderazgo entienda lo que esto significa y lo aplique... algún día. Antes de que el perro se ahogue. ¿El nuevo contralor o contralora? Podría ser.
