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Fue el presidente José María Figueres quien ordenó expulsar a cuatro venezolanos, vinculados por la policía con una ola de asaltos a bancos ocurridos entre mayo de 1993 y junio de 1994, afirmó ayer el exministro de la Presidencia Elías Soley Soler, al declarar durante el primer día del juicio que afronta por la presunta comisión del delito de abuso de autoridad.
La causa está relacionada con la entrega a Venezuela de Abel Antonio Rodríguez, Juan José Avendaño Auluar y los hermanos Ivonne y Luis Enrique Martínez Ojeda, ligados con sangrientos atracos que consternaron al país y causaron tres muertos.
El 7 de junio de 1994, entre las 3:30 a.m. y las 4:30 a.m., los suramericanos fueron sacados de las celdas del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) por efectivos del Ministerio de Seguridad Pública.
Inicialmente, de acuerdo con lo dispuesto, los varones iban a ser recluidos en La Reforma --en San Rafael de Alajuela--, en tanto que la mujer, en El Buen Pastor --en San Rafael Arriba de Desamparados.
Sin embargo, esa madrugada --sorpresivamente-- todos fueron trasladados al aeropuerto Tobías Bolaños; de aquí los trasladaron en un helicóptero a la base aérea de Seguridad Pública, en el Juan Santamaría. Luego, las autoridades los entregaron a la policía venezolana, la cual los embarcó en un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea de esa nación.
Figueres fue convocado como testigo y su comparecencia está programada para mañana, mientras que para hoy se tiene prevista la visita del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Edgar Cervantes.
La causa se ventila en el Juzgado Tercero Penal, a cargo del juez Gerardo Arturo Rojas Fernández. Como fiscal actúa Wágner Murillo Guzmán. La defensa está a cargo del exdiputado y exministro Francisco Castillo, auxiliado por Arnoldo Soley Soler, hermano del encartado.
Soley, así como los entonces ministros de Seguridad, Juan Diego Castro (ahora en Justicia), y de Justicia, Enrique Castillo, justificaron la medida al alegar razones de un "estado de necesidad".
Tras su retiro del Gabinete de Figueres, Soley perdió su inmunidad por lo que afronta el juicio; Castillo --fuera del Gobierno-- también fue acusado, pero el Tribunal Cuarto de Apelaciones dictó falta de mérito, en marzo anterior.
Estado de necesidad
En su declaración, el extitular de la Presidencia puntualizó que la determinación de Figueres obedeció a un "estado de necesidad", justificado en cuatro argumentos:
-La peligrosidad que exhibieron los extranjeros en Costa Rica.
-Los antecedentes del grupo en Venezuela para cometer atracos y asaltar cárceles, con el fin de liberar a compañeros presos.
-Supuestos rumores sobre una ola de secuestros para canjear la libertad de los prisioneros.
-La vulnerabilidad de nuestras prisiones.
El Gobierno también adujo que los imputados serían juzgados en Venezuela por los delitos pendientes allá, así como por los cometidos aquí.
El Jefe de Estado, al conocer ayer la afirmación de su exministro de la Persidencia, dijo: "Yo voy a tener la oportunidad de estar allí y con mucho gusto allí contestaré. Cuando vaya a eso me voy a referir al tema." La declaración la dio al término de una actividad donde firmó un convenio que regula el proyecto "Estrategia para la competitividad y el desarrollo sostenible de Centroamérica".
Soley Soler aseguró que nunca tomó decisión alguna relacionada con la expulsión y que su único nexo surgió cuando sirvió de enlace para convocar a una reunión, solicitada por Figueres. La cita, celebrada el martes 7 de junio de 1994, aproximadamente a las 10 a.m., fue para que el mandatario informara a distintas personalidades de que ya los extranjeros iban de regreso a su país.
Luego, como portavoz oficial del Gobierno, Soley debió comunicar a la prensa sobre lo anunciado en ese encuentro.
Ayer, además de Soley, también declararon tres testigos: Isabel Porras, exjueza de instrucción de la causa; Rafael Angel Guillén, entonces director del OIJ, y Alvaro Guevara, radioperador de la base aérea de Seguridad Pública.
