EscucharLos ciudadanos hemos podido enterarnos por la prensa sobre el “estira y encoje” de las negociaciones –que se han prolongado por casi un año– entre los rectores de las cuatro universidades públicas y varios ministros de éste y el anterior gobierno como contraparte, relativas a los recursos económicos que el Estado ha de aportar para el quinquenio 2010-2015 para el financiamiento de las universidades públicas.
Se trata de dar cumplimiento al artículo 85 de la Constitución conforme al cual se dispone la obligación del Estado de dotar y mantener un fondo especial para el financiamiento de la educación superior estatal –conocido como el FEES-, bajo dos mandatos indicados en forma expresa en ese ordinal constitucional: primero, que dicho fondo no puede ser abolido ni disminuido, si no se crean, simultáneamente, otras mejoras que las sustituyan, y segundo, que el monto se debe ajustar por las autoridades gubernamentales “de acuerdo con la variación del poder adquisitivo de la moneda”.
Es decir, la Constitución ordena respetar un “piso” que es el monto presupuestario alcanzado históricamente por dicho fondo, entendiendo que debe ser una suma real y no meramente nominal, y para ello señala el deber de sumarle el monto de inflación de cada año para garantizar así que no ocurra una pérdida del valor adquisitivo de los recursos asignados a la educación superior estatal.
Plan nacional de desarrollo. Constitucionalmente para el FEES hay un “piso” pero no un “techo”, de modo que el Poder Ejecutivo bien podría otorgar montos superiores para engrosar dicho fondo, y precisamente ese aspecto es un elemento clave para entender las más elevadas pretensiones de las Universidades y la posición más conservadora del Gobierno. Pero además hay un aspecto adicional que regula el artículo 85 constitucional que es la preparación quinquenal por parte de Conare de un plan nacional de educación superior, el cual debe ser elaborado considerando los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo.
Se trata de una expresión de lo que modernamente se conoce como el binomio plan-presupuesto, bajo un esquema tendente a la racionalización de la gestión de los fondos públicos, la cual a su vez hace posible el direccionamiento estratégico de esos recursos, una gestión por resultados, una evaluación de esos resultados, una rendición de cuentas y una responsabilización personal de los funcionarios, conforme al ordinal 11 constitucional.
Incumplimiento del deber. Pero ¿Que sabe la ciudadanía sobre este tema en concreto? Me atrevo a decir que poco o muy poco. Por ejemplo sabemos que no hay un plan nacional de educación superior desde hace muchos años, por lo que Conare ha venido faltando a este deber, lo que significa que cada universidad pública utiliza el porcentaje del FEES que la corresponde conforme a sus propios planes y programas, pero no conforme a un plan sectorial como lo ordena la Constitución.
Otra cosa que sabemos es que las universidades públicas han venido brindando informaciones muy generales sobre el destino que darán a los recursos solicitados, señalando que serán para infraestructura, becas, residencias estudiantiles, etc. pero sin proporcionar cifras y datos concretos en forma transparente que generen credibilidad, quizás por que parten del supuesto de que las universidades públicas tienen una legitimidad ganada y por lo mismo no requieren brindar detalladas explicaciones.
Por otra parte, las autoridades del Poder Ejecutivo han optado por señalar que la propuesta de las universidades públicas no es financieramente inviable en estos momentos de crisis económica y además han tomado como caballo de batalla el hecho de que la mayor parte de esos recursos se destinarán a salarios que crecen vegetativamente y que no hay un plan de desarrollo que respalde la propuesta.
Lo peor de todo es el alto grado de desinformación que existe entre la ciudadanía, ya que no se ha dado a conocer el detalle de la propuesta de las universidades y de la contrapropuesta del Gobierno. Los ciudadanos estamos a oscuras.
Es hora de que las autoridades universitarias y de gobierno generen espacios de discusión abierta y tengan la decencia de colocar al menos toda la información que manejan en algún sitio web para ser consultado, de modo que la ciudadanía pueda formarse su propia opinión acerca de las propuestas y contrapropuestas que se han barajado.
Es muy saludable para la democracia costarricense que se aproveche la ocasión a fin de que este tema por primera vez salga a la luz pública, en forma diáfana y completa, con la versión íntegra de ambas partes, porque el ciudadano es quien sostiene con los tributos a las universidades y la sociedad civil no puede una vez más ser un convidado de piedra.
