EscucharLa compra de la Torre Empresarial La Sabana por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) es, cuando menos, un monumento a la imprevisión y la ligereza. Los cuatro elevadores instalados en el edificio de 16 pisos no dan abasto para movilizar a 1.282 empleados asignados por el ICE a esas instalaciones y las esperas frente a las puertas corredizas se prolongan hasta por 30 minutos.
Habrá empleados capaces de trasladarse desde sus casas al edificio, mediante uso del transporte público, en menos tiempo del necesario para subir del lobby al despacho donde laboran. La corrección del problema exigirá la instalación de otros cuatro ascensores, a un costo de $2 millones. El Fondo de Desarrollo Inmobiliario del Banco de Costa Rica, vendedor de la torre, asumirá el costo de la remodelación.
Los $2 millones perdidos no son del ICE, pero tampoco son bienes de difunto. Impactarán sobre las finanzas de un banco estatal. Por su parte, el ICE ha pagado y pagará el precio de las molestias causadas a sus empleados y el entorpecimiento de las labores desde la fecha del traslado a la torre, el año pasado. La institución se ha visto obligada a desplazar personal, modificar horarios y precipitarse a firmar contratos de teletrabajo.
La situación es verdaderamente ridícula, pero Alejandro Soto, gerente general del ICE, la califica también de “interesante”. No deja de tener alguna razón. “Viera qué interesante –dice el funcionario– cuando nosotros llegamos estaban listos todos los informes suscritos por profesionales que señalaban que eso estaba en muy buenas condiciones”. En verdad interesante, porque la declaración contiene clarísimas indicaciones sobre los senderos por los cuales es preciso orientar la investigación para sentar responsabilidades.
El primero y más obvio es el sendero conducente a los profesionales aludidos por el gerente general. ¿Quiénes son y por qué firmaron semejantes dictámenes?
La torre incumple los reglamentos de construcción, en particular la norma técnica sobre tráfico vertical a cuyo tenor los ascensores de un edificio de más de cuatro pisos deben ser capaces de transportar al 12% del personal en el lapso de 5 minutos. ¿Desconocían la norma técnica los profesionales aludidos por Soto? Si ese fuera el caso, ¿quién les confió rendir el dictamen?
Esas preguntas señalan otra ruta de la investigación: las actuaciones de la administración pasada, bajo la presidencia de don Pedro Pablo Quirós. En ese periodo se dio la contratación directa de la torre por un precio de $50 millones. Era un arrendamiento con opción de compra. Los sindicatos del ICE cuestionaron, casi de inmediato, el proceso de contratación. Entre sus observaciones más insistentes, estaba la falta de capacidad de los ascensores. Nadie los escuchó.
El 15 de junio del 2010 el ICE ejecutó la opción de compra. La fecha apunta al tercer camino de la investigación, y es la administración actual, hasta hace poco presidida por don Eduardo Doryan. Apenas había pasado un mes desde el arribo de las nuevas autoridades cuando el negocio quedó en firme. La conformidad del ICE con el edificio fue tal que el mismo día se convino la recepción definitiva.
Hoy, el gerente general Soto admite que las advertencias sobre los problemas del edificio fueron hechas antes de ejecutarse la opción. Surgen, entonces, dudas sobre las razones por las cuales esto se realizó. La “interesante” explicación del gerente no despeja esas dudas. Por mucho que existiera un dictamen profesional, las insistentes denuncias sobre la insuficiencia de los ascensores debieron incitar a la mínima diligencia. Constatar el abismo entre las normas técnicas y las necesidades del personal del ICE no habría sido un proceso demasiado complejo.
El diputado Luis Fishman solicitó a la Contraloría General de la República llevar a cabo una investigación. Las razones arriba apuntadas la justifican, en particular porque este no es el único caso de cuestionables contrataciones inmobiliarias para fines públicos y es necesario poner orden en ese campo.
